Al menos dos personas murieron ayer y otras 23 resultaron heridas en las manifestaciones contra el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, que tuvieron lugar en la capital, Puerto Príncipe. Uno de los fallecidos es un adolescente de 13 años que recibió un balazo. Fueron constantes los choques callejeros entre grupos gubernamentales y manifestantes de la oposición, que exigen la renuncia del presidente, al que acusan de corrupción.
Todo comenzó cuando falanges oficialistas atacaron una concentración antigubernamental a pedradas y a tiros, y opositores encolerizados arreciaron sus protestas portando en alto el cadáver del adolescente y saqueando la residencia de un juez.
La llamada Plataforma Democrática de la Sociedad Civil y de los Partidos Políticos de Oposición presentaron una "alternativa de transición" de dos años que establece la salida de Aristide y su sustitución por un gobernante interino elegido por los jueces de la Corte de Casación. La plataforma dice atender "la voluntad públicamente expresada por la inmensa mayoría de la población de desterrar de este país a este régimen irresponsable, criminal y despótico con el fin de instaurar un Estado de derecho". En el más breve plazo posible, agrega, deben abandonar el poder el presidente y los funcionarios de su partido.
El director general de la policía y el inspector general, según esa propuesta de máximos, serían elegidos por la Plataforma, en consulta con otros sectores organizados. La oposición anunció varias huelgas para forzar el derrocamiento.
Los enfrentamientos han causado más de 40 muertos desde septiembre en un país en el que más del 80% de sus ocho millones de habitantes vive en la miseria. Los esfuerzos conciliadores de la Iglesia católica no han dado fruto.
Delegados de varias naciones caribeñas se encuentran en la capital haitiana para mediar en esta grave crisis entre Gobierno y oposición, y plantearon al presidente reuniones bilaterales en el extranjero. Los incidentes de ayer certifican que el enconamiento nacional dificulta una salida negociada en el país más pobre de América.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de enero de 2004