El consejero de Trabajo e Industria del nuevo Gobierno catalán, el socialista Josep Maria Rañé, advirtió ayer que la Generalitat podría dejar de comprar material a Philips si la compañía no ofrece una solución satisfactoria a los 100 trabajadores de su planta de La Garriga (Barcelona), cuyo cierre anunció el viernes.
En declaraciones a la emisora pública Catalunya Informació, Rañé indicó que Philips "es un gran proveedor de las administraciones públicas y, por tanto, entenderá que su actuación, no sólo por ética, sino también por inteligencia empresarial, no debe dejar molesto a uno de los clientes públicos más importantes que tiene en España, y que es la Generalitat".
La multinacional holandesa comunicó el viernes que el próximo mes de junio cerrará su fábrica de luminarias, la antigua Novalux, por la "progresiva reducción de la demanda de los productos fabricados en La Garriga, su permanente reemplazo por otras gamas internacionales en los últimos años y la falta de competitividad en los mercados europeos debido al pequeño tamaño de la planta".
El Gobierno catalán esperará a ver cómo evolucionan las negociaciones entre empresa y trabajadores, que se iniciarán esta semana, pero también exigirá que Philips recoloque al centenar de trabajadores despedidos e invierta en la zona para "devolver una parte de sus beneficios a la sociedad que les ha apoyado". Esta exigencia es la misma que ya hicieron los partidos del tripartito cuando eran oposición en los casos de Lear y Valeo.
Por otra parte, en cuanto al expediente informativo abierto a la compañía Fecsa-Endesa por el apagón que se registró en la Vall d'Aran las pasadas fiestas navideñas, el consejero explicó que aún no se ha decidido si se sancionará a la eléctrica hasta que ésta presente sus propios estudios y argumentos sobre qué sucedió.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de enero de 2004