Los familiares de 14 operarios de la filial de Mercedes-Benz desaparecidos bajo la dictadura militar de los setenta en Argentina iniciaron "acciones judiciales por daños" en EE UU contra la casa matriz, la alemana Daimler-Chrysler. Acusan a sus ejecutivos de supuesta colaboración con los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas argentinas responsables del secuestro de los miembros de una comisión interna de trabajadores. Por otra parte, el Gobierno ordenó ayer investigar unas fotografías de un campo de torturas del Ejército, tomadas en 1986, durante la democracia.
Las demandas que se siguen en Buenos Aires involucran al ex ministro de Exteriores, ex gobernador de Buenos Aires y actual diputado peronista Carlos Ruckauf, ministro de Trabajo en 1975, acusado ante los tribunales argentinos por "asociación ilícita y homicidio" en supuesta complicidad con la empresa.
Las denuncias contra Juan Tasselkraut, el entonces jefe de la planta, en la periferia de Buenos Aires, comenzaron a investigarse en el Juicio por la Verdad que se sigue en los tribunales de La Plata. Daimler-Chrysler encargó el pasado año su propia investigación y la conclusión, hace un mes, desvinculó a la compañía de toda responsabilidad. "No hay prueba alguna sobre la suposición de que los empleados de la empresa Mercedes-Benz Argentina desaparecidos en 1976 y 1977 hayan sido secuestrados por fuerzas de seguridad de la Junta Militar y asesinados a instancias de la dirección de la empresa", aseguró la comisión formada.
La fiscalía del tribunal de Núremberg ordenó la captura internacional de los ex dictadores Jorge Videla, que cumple arresto preventivo en su piso de Buenos Aires, y Emilio Massera, ingresado en el hospital naval en estado crítico, y el ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército Guillermo Suárez Mason, por la desaparición y asesinato de 11 ciudadanos alemanes, pero ordenó archivar las demandas contra Juan Tasselkraut, el ejecutivo de la Mercedes-Benz.
Los demandantes han acudido a EE UU evocando una ley de 1789 (Alien Tort Claims Act) que puede ser interpretada como válida por las víctimas de violaciones de los derechos humanos en diversas partes del mundo, según la BBC.
En el vídeo documental Milagros no hay, realizado por la periodista Gabriela Weber, investigadora del caso en Alemania y Argentina durante cinco años, se recoge el testimonio de Tasselkraut en el Juicio por la Verdad. El ejecutivo reconoció ante el juez argentino que la productividad había caído un 30% debido a los conflictos sindicales antes de la dictadura militar y admite que "después de un tiempo prudente esas cosas no volvieron a pasar". El juez le preguntó si el aumento de producción tenía relación con los desaparecidos. El gerente contestó: "Y... milagros no hay".
Por otra parte, el Gobierno argentino denunció ayer la existencia de una guarnición del Ejército donde se cometían "vejaciones y tormentos a supuestos prisioneros" en 1986, cuando gobernaba el país el presidente democrático Raúl Alfonsín, informa la agencia Efe.
El actual presidente, Néstor Kirchner, ordenó investigar el caso por una serie de fotografías "en las que se observaba a personal del Ejército cometiendo hechos deleznables en perjuicio de personas desprovistas de ropas, en un campo despoblado". "Las fotografías de alto impacto fueron tomadas durante un curso de comandos del Ejército en 1986 en una guarnición de Córdoba y todas las personas registradas allí formaban parte de la fuerza militar terrestre, que en su mayoría están identificadas", dijo Defensa.
Kirchner se reunió ayer con el ministro de Defensa, José Pampuro, y con el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, para analizar el caso. Posteriormente Pampuro se reunió con organismos de derechos humanos, a quienes informó sobre la investigación. Tras conocer la denuncia, el ex presidente Alfonsín (1983-1989) dijo desconocer la existencia de torturas y se mostró a favor de investigar el caso y encarcelar a los responsables. "Es la primera noticia que tengo. Pero si han existido esas prácticas hay que aplicar la ley que yo hice sacar, y que modifica el Código Penal estableciendo para el torturador la misma pena que para el homicidio", dijo a la prensa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de enero de 2004