Las entidades de gestión que se forman en estas urbanizaciones a la deriva se han convertido en un territorio abonado para los aprovechados. Proliferan las denuncias por opacidad contable, mala gestión, soborno e incluso robo. "Resulta sorprendente constatar cómo se reproducen siempre los mismos esquemas. Las cosas siempre acaban mal, con querellas y denuncias de por medio", asegura el letrado Francisco L. Bonatti. La gestión de las grandes cantidades de dinero que se recaudan entre los propietarios, junto al escaso control que los poderes públicos ejercen sobre esos fondos constituyen una tentación para algunos administradores.
"Siempre hay alguien que se quiere llenar los bolsillos a costa de la buena fe de la gente", asegura Javier Duque, de la urbanización Riuclar de Massanes. "A la primera generación era más fácil que la engañaran. Si alguien veía algún manejo oscuro se limitaba a abandonar la junta. Nadie denunciaba nada, preferían callar. Pero nosotros somos la segunda generación, los hijos de los que compraron estas casas, y esto se ha acabado. Es más difícil que nos engañen", advierte Duque.
Esta urbanización, como tantas otras, ha heredado los problemas de una gestión deficiente y opaca de los anteriores representantes de los vecinos. "Antes se cogían comisiones y muchas de las cosas se pagaban en dinero negro, de manera que ahora no las podemos justificar de ninguna maner", lamenta Duque. "Toda la documentación de la junta anterior desapareció. No había libros. Tuvimos que hacer de nuevo una base de datos de todos los propietarios", explica el presidente de la asociación.
Ese caso es aplicable a decenas de urbanizaciones, en las que también se ha llegado a vender una misma parcela sin edificar a varios propietarios.
Contratación mafiosa
En algunas de estas urbanizaciones funciona un sistema mafioso de contratación. Es un secreto a voces. Muchos propietarios absentistas encargan a los gestores obras de reforma de sus casas, que sólo ocupan unos meses en verano. Estas obras las realizan únicamente los profesionales que se avienen a pagar comisiones para trabajar en la zona. También se inflan facturas de obras públicas para desviar fondos de la comunidad. La mayoría de las personas que conocen las interioridades de estas urbanizaciones afirman que estos manejos existen o han existido, aunque son difíciles de demostrar. También algunos profesionales admiten tener la entrada vedada a estos complejos, en los que sólo pueden trabajar quienes se avienen a esas condiciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de enero de 2004