El delegado de Obras Públicas de la Junta en Málaga, José María Ruiz Povedano, advirtió ayer al equipo de gobierno de Marbella de que no puede delegar en los tribunales la ejecución de las órdenes de paralización de las obras ilegales, ya que sería una "absoluta dejación de sus responsabilidades". Ruiz Povedano dijo que la administración municipal debe asumir sus competencias en materia urbanística y "revisar los actos que no se hayan otorgado de acuerdo a la legalidad vigente, decretando las paralizaciones de las obras que no se ajusten a ella".
El delegado de Obras Públicas rechazó el planteamiento de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, trasladando a los promotores la responsabilidad de acatar las órdenes de paralización o derribo y añadiendo que deben ser los tribunales que han impuesto la sanción "los que deben ejecutarla". Ruiz Povedano, sin embargo, se felicitó del acuerdo alcanzado con esta corporación para buscar un consenso técnico en torno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
El coordinador de los trabajos nombrado por el consistorio, Arturo Moya, indicó que este documento deberá recoger las compensaciones que en materia de equipamientos sociales e infraestructuras podrían haberse visto afectadas por las licencias concedidas al margen de la legalidad vigente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de enero de 2004