La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) denunció ayer que al menos "ocho o diez empresas de Almería" hacen pasar tomates, calabacines y judías procedentes de Marruecos como productos de la provincia. "No podemos dar nombres porque los delitos hay que demostrarlos antes de acusar. Posiblemente, en los próximos días iremos a la Delegación de Agricultura a denunciar. Pero debemos pillarlos con las manos en la masa", dijo el secretario provincial de COAG, Antonio Oliver.
Las declaraciones de Oliver coinciden con la crisis de precios en estas tres hortalizas que afecta a la provincia de Almería y que COAG achaca al acuerdo comercial entre la UE y Marruecos del pasado 22 de diciembre. "Sufrimos una situación de competencia desleal con un precio con el que no podemos competir. El coste de producción de un kilo de tomates en Marruecos es de 0,20 céntimos de euro y en España es de 0,50", explicó Oliver.
Según COAG, Almería vive el inicio de una crisis que se va a prolongar durante los próximos meses por la llegada masiva del tomate marroquí. "Llegan cantidades importantes un día y saturan el mercado. No lo hacen de manera escalonada. El malestar es generalizado y detectamos incertidumbre y preocupación. Muchas empresas cogen producción de Marruecos y lo envasan en cajas de Almería", dijo el secretario de Organización, Manuel Barranco.
"Salvarse y hundir"
Según el sindicato, entre el 15 de diciembre pasado y el 12 de enero, los productores marroquíes han "colocado" tomate en Perpiñán a un precio de salida entre los 0,43 y 0,33 euros. "Les estamos dando la posibilidad de que nos desplacen. La actitud de muchas empresas de Almería ha sido la de salvarse ellas y hundir al agricultor. Pero si lo que pretenden es que los agricultores abandonemos nuestra actividad y subsistan ellos como empresas no estamos dispuestos", advirtió Barranco.Los agricultores de Almería ya han avanzado un calendario de movilizaciones que les llevará, mañana miércoles, a repartir 20.000 kilos de hortalizas en el centro de Almería. El objetivo de las protestas es exigir al Gobierno central una serie de medidas ante la Comisión Europea, un plan de viabilidad económica y compensaciones para los agricultores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de enero de 2004