El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha pedido, otra vez, a la juez Teresa Palacios el sobreseimiento y archivo del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander.
La solicitud se basa en varias reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobadas en octubre pasado.
Esta petición del fiscal se produce después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera dar luz verde a la apertura del juicio oral contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros altos cargos del banco por el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, aunque por menos delitos (38) de los que estableció la juez instructora de la causa, Teresa Palacios (138).
Fungairiño se basa en la modificación del artículo 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corregido con fecha 24 de octubre pasado. La nueva redacción establece que, "si el ministerio fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, lo acordará el juez", según el escrito del fiscal.
A renglón seguido, recuerda que "el artículo 782.2 de la misma ley se refiere únicamente al ministerio fiscal y al acusador particular, pero en ningún caso al acusador popular. Y nuevamente el artículo 783.1 en sus dos párrafos se vuelve a referir al ministerio fiscal o a la acusación particular, e idéntica restricción se produce en el artículo 783.2".
Con estos argumentos, el fiscal entiende que "las acusaciones populares carecen de legitimación activa para interesar la precipitada apertura de juicio oral y formular escrito de acusación". Además, Fungairiño argumenta que la modificación de la cuantía del delito fiscal, que ha situado en 120.000 euros la cuota mínima defraudatoria, puede reducir el número de afectados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de enero de 2004