Tras una primera legislatura en la que la política científica se caracterizó sobre todo por su ausencia, a pesar de grandilocuentes declaraciones del Gobierno sobre la importancia de la ciencia, la segunda legislatura del Partido Popular estuvo marcada por la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En él se englobaron algunos, que no todos, de los organismos públicos de investigación, mientras que las universidades, donde se realiza la mayor parte de la investigación pública española, permanecían adscritas al Ministerio de Educación. El nuevo departamento conservó muchas de las competencias del anterior Ministerio de Industria y acaparó las relativas a las telecomunicaciones.
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En apenas cuatro años, por Ciencia y Tecnología han pasado tres ministros -Anna Birulés, Josep Piqué y Juan Costa- y un número mucho mayor de altos cargos. El departamento se ha caracterizado, sobre todo en el área científica, por grandes fallos de organización y gestión y no se han cumplido las previsiones gubernamentales sobre inversión en I+D. En 2003 se llegó al 1% del PIB, un porcentaje que mantiene a España en la cola de Europa. El peso de la ciencia básica disminuyó de forma constante respecto a la inversión total, en parte porque un tercio de los fondos se han destinado en los últimos años a créditos a empresas para I+D militar, inversiones que, según la oposición, no corresponden apenas a actividades de investigación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de enero de 2004