El envío de los dos buques de guerra abortado ayer tenía algo de histórico, en la medida en que ningún Gobierno español había intentado acercar tropas a la ex-colonia desde su independencia, en 1968.
Adolfo Suárez, que apoyó abiertamente el golpe de Estado que llevó al poder a Teodoro Obiang, en 1979, se negó, en cambio, a hacerse cargo de su seguridad, y Obiang tuvo que recurrir a los servicios de soldados marroquíes.
Pero al tiempo que la producción petrolífera guineana crecía hasta los 120.000 barriles actuales y crecían también los deseos de Repsol de obtener concesiones, José María Aznar ha demostrado un empeño constante en sacar las relaciones con Guinea Ecuatorial del pozo en que cayeron en 1993, cuando la cooperación quedó reducida al mínimo. A lo largo de su mandato se ha reunido con Obiang al menos siete veces y ha dejado la situación en el umbral del trato privilegiado. La visita de la Armada debía subrayar el paso a esa nueva fase.
El proyecto ha tropezado ahora, sorprendentemente, con la susceptibilidad del propio Gobierno guineano, tras haber superado obstáculos como los impresentables procesos de Malabo de mayo de 2002. El levantamiento, en abril de 2002, de la vigilancia especial impuesta a Guinea por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sirvió de luz verde, y ya no hubo marcha atrás. Se sucedieron las visitas de los secretarios de Estado de Cooperación, Miguel Ángel Cortés, y Exteriores, Ramón Gil-Casares, y de las ministras de Sanidad, Ana Pastor, y Exteriores, Ana Palacio, el pasado 22 de noviembre, que no tenían precedentes desde 1987.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de enero de 2004