La cercanía de las elecciones generales parece haber urgido al Gobierno a poner en marcha una norma pactada hace más de un año. Con su entrada en vigor, las empresas que compartan un mismo centro de trabajo estarán obligadas a coordinar sus actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Así se establece en un real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que convierte en norma legal un texto que fue consensuado con la patronal y los sindicatos en diciembre de 2002 y presentada a las comunidades autónomas en enero de 2003, y cuyo objetivo es tratar de reducir el elevado número de accidentes laborales.
En el caso de la construcción -el sector donde hay más subcontratación-, aunque seguirá rigiéndose por su propia normativa, el real decreto pretende mejorar la seguridad, y establece que "los empresarios concurrentes en la obra tendrán que intercambiar información preventiva".
Además de la coordinación, las empresas que coincidan en un centro deben informarse mutuamente de los riesgos de las actividades que desarrollan, impartir las instrucciones necesarias para evitar accidentes y aplicar medidas en función del tamaño de la empresa y el grado de peligrosidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de enero de 2004