Los municipios turísticos no alcanzan a sufragar los costes que supone mantener el sector. Al déficit histórico que vienen denunciando, se añade ahora la práctica pérdida del impuesto sobre actividades económicas (IAE), que ha supuesto que dejen de ingresar, de acuerdo con sus estimaciones, un tercio de lo que recaudaban en tributos. Con la reforma del Gobierno central, estas poblaciones han perdido el 92% de sus contribuyentes y hasta el 80% de los ingresos por el IAE, el doble que el resto de municipios, según fuentes de la Diputación de Barcelona.
Los consistorios denuncian que esta reforma les deja sin liquidez y agrava un sistema de financiación que no les permite hacer frente a los aumentos de población que se producen en verano.
Un hotel de cuatro estrellas necesita un entorno de la misma calidad, pero lograrlo es complicado cuando no se dispone de recursos para ello. Hasta la entrada en vigor de la reforma del IAE, los impuestos municipales representaban cerca del 35% de los ingresos totales de los ayuntamientos. El resto lo componían sobre todo las transferencias de otras administraciones y las tasas municipales. Los tributos eran de tres tipos. El impuesto sobre bienes e inmuebles (IBI) suponía casi la mitad de los tres, el IAE representaba entre el 30% y el 40%, mientras que los impuestos de vehículos inyectaban entre el 10% y el 20% de estos ingresos.
Con la reforma del Gobierno, los municipios dedicados al turismo pierden prácticamente un tercio de los ingresos en impuestos, al caer hasta el 80% las recaudaciones en IAE, el doble que en el resto de localidades. Ahora, sólo deben pagar esta cuota las empresas que facturen más de un millón de euros, y estas firmas con más ingresos tienen que pagar más que antes. La mayoría de compañías, que no alcanzan esta cifra, quedan exentas y se ven beneficiadas con la medida.
Pero para los municipios turísticos, con gran presencia de unidades familiares o pequeñas cadenas locales, se ha generado un problema. El Gobierno se ha comprometido a compensar a las haciendas locales la disminución de ingresos, pero no está clara esta compensación. La Diputación de Barcelona sostiene que esta compensación "no reflejará la pérdida real por el IAE".
Los problemas de financiación no se limitan a la recaudación de este impuesto. Estos municipios deben llevar a cabo una estructuración del comercio local, garantizar la limpieza y la seguridad, proteger el entorno, potenciar la oferta cultural y mejorar las infraestructuras.
Déficit crónico
El profesor de la Universidad de Girona (UdG) Modest Fluvià, autor de un estudio sobre el sistema de financiación de estos municipios, explica que éstos "sufren un desequilibrio financiero endémico al enfrentarse a unos gastos muy elevados, derivados de una población flotante muy superior a la reconocida". A juicio de Fluvià, esta situación deriva bien en un déficit crónico, bien en una oferta insuficiente de servicios públicos en calidad o cantidad.
Hasta el momento no se ha podido calcular con exactitud este déficit, por la dificultad de discriminar los servicios destinados al turismo de los que se dedican para toda la población. Sin embargo, en Malgrat de Mar (Maresme) es más fácil hacerse una idea al disponer de una zona turística diferenciada del núcleo urbano. "En 2003, el déficit que supuso el turismo para las arcas municipales fue de 780.000 euros, 120.000 más que en 2001. Y esto lo debemos afrontar con una pérdida de 300.000 euros que antes recaudábamos con el IAE", lamenta Conxita Campoy, alcaldesa de Malgrat, cuya cifra de residentes pasa en verano de 15.000 a 45.000.
Para afrontar "sin problemas" la llegada de veraneantes, Campoy considera que necesita los 780.000 euros que suponen las pérdidas del Ayuntamiento en el sector. No es un caso aislado. Los ayuntamientos de Lloret de Mar, Blanes, Calella y Sitges, así como varios patronatos de turismo, también denuncian los apuros que sufren para ofrecer servicios de calidad.
El estudio de la UdG señala que los municipios turísticos prestan más servicios que el resto si se considera la población censada. En cambio, al tener en cuenta los habitantes reales se observa que las prestaciones son insuficientes.
Estos consistorios acumulan una deuda tres veces mayor que la que tienen otras poblaciones que no se dedican a estas actividades, mientras que la recaudación por IBI es dos veces superior. Como posible solución, Fluvià apunta el reemplazo de la población censada por la flotante como criterio, aunque ello podría suponer menos partidas para otros ayuntamientos. Mientras, los responsables turísticos de varias poblaciones convienen, aunque en voz baja dada su impopularidad, en la necesidad de introducir un impuesto sobre las pernoctaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de febrero de 2004