El Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Educación que modifique el real decreto por el que se regula el procedimiento de evaluación para la contratación de personal docente e investigador universitario por los que se rige la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (Aneca). El Defensor señala que los criterios utilizados por este organismo no son objetivos.
El adjunto segundo al Defensor, Manuel Aguilar, tras recibir una queja de un profesor de la Universidad de Extremadura, ha elaborado un informe que se centra en dos aspectos: la "tardanza" de la Aneca en sus resoluciones y la "insuficiente" motivación de las mismas.
La Aneca es uno de los órganos que estableció la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en diciembre de 2001. Fue creada como fundación y su objetivo es medir y hacer público el rendimiento del servicio universitario; es decir, su actividad docente e investigadora, su gestión, las distintas enseñanzas, y los servicios y programas de las universidades.
Desde su creación ha estado jalonada de episodios polémicos. Esta vez, el Defensor ha pedido a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que garantice la transparencia, la objetividad y la igualdad de oportunidades en los procesos de evaluación de los profesores no titulares.
Para ser contratado en una universidad es preciso que la agencia haya evaluado positivamente al profesor contratado y que la Dirección General de Universidades acredite la habilitación.
El Defensor pide, además, que "para garantizar los procedimientos de evaluación, y con la finalidad de preservar el principio de objetividad, se incluyan unos baremos numéricos de máximos y de mínimos para cada criterio de evaluación".
También recomienda que los informes de evaluación de los profesores sean motivados y razonados. "Es cierto", precisó Manuel Aguilar, "que la doctrina del Tribunal Supremo reconoce que en ese proceso no es necesario establecer baremos cuantificables, pero, dado que se trata de un proceso de acreditación y validación, cuanta más transparencia haya, mejor", informa Efe. Y añadió: "Y si en ese proceso, la Aneca hace una valoración razonada de su decisión, mucho mejor también".
Además, el Defensor solicita a Educación que regule los plazos de evaluación y los efectos del silencio administrativo conforme al régimen jurídico de las administraciones públicas.
La ministra Pilar del Castillo aseguró, tras señalar su desconocimiento sobre el informe del Defensor del Pueblo, que la Aneca funciona "sin problemas" dentro del marco legal en el que tiene que actuar, y con unas normas "públicas y conocidas".
Un portavoz de la ANECA ha señalado que las recomendaciones hechas por el Defensor al Ministerio sobre la Aneca no han sido "muy estudiadas" y resultan "contradictorias", informa Efe.
Según el portavoz, la recomendación de agilizar los trámites "no tiene sentido, ya que, al no ser un organismo público, no se le puede exigir un plazo y, aunque lo fuera, la agencia habría actuado dentro de los plazos legales, ya que viene realizando informes en unos plazos de entre cinco y siete semanas, cuando están permitidos hasta tres meses".
En cuanto a que debe proporcionar una mayor explicación de sus evaluaciones, el portavoz manifestó que, desde mediados de noviembre, la Aneca motiva del modo que el Defensor recomienda todas las evaluaciones negativas, tanto las primeras evaluaciones como los recursos.
Y sobre establecer un baremo numérico, el mismo portavoz dijo que el decreto que regula las evaluaciones contempla una "evaluación interpares" que aplica un baremo no numérico, pero sí de orden preferente, que, "al ser realizada por expertos de reconocido prestigio, supone en sí una garantía".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de febrero de 2004