La titular del juzgado número 1 de Nules, Isabel Belinchón, ha llamado a declarar, entre hoy y mañana, a los principales implicados en el llamado caso Fabra. El empresario Vicente Vilar, que presentó dos querellas por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la salud pública y contra la propiedad industrial, acudirá hoy al juzgado, mientras que el querellado, el presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en la provincia, Carlos Fabra, irá mañana. Los faxes que ha reclamado la juez sobre este caso apuntan a que Fabra realizó mediación política.
Los dos citados comparecerán como imputados, pero no en relación con los delitos recogidos en la querella. A raíz de las denuncias presentadas por Vilar, la juez decidió abrir un procedimiento de oficio al detectar la posible comisión de delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran tipificados el tráfico de influencias y el cohecho.
La juez inició esta nueva vía de investigación después de analizar el relato de Vilar sobre la mediación de Fabra ante los ministerios de Agricultura y Sanidad con la intención de obtener, según denunció el empresario, beneficios para la empresa Artemis 2000, propiedad de las esposas de ambos imputados.
El objetivo, tal como refleja la demanda, era acelerar el proceso de concesión de autorizaciones para la fabricación de fitosanitarios. Según el empresario, por realizar las gestiones Fabra le cobró 48.000 euros a través de una empresa denominada Carmacas.
La sociedad, con sede en la vivienda familiar de Fabra, cuenta con dos trabajadores, que son sus hijos, tal como señaló el presidente del PP castellonense. Vilar basó su denuncia en varias facturas que reflejan pagos por la realización de "trabajos e informes jurídico-laborales". Los informes, según Vicente Vilar, no existen y son una pura invención para justificar las facturas.
Citas a Aznar
En el relato por el que la juez inició el procedimiento se cita al presidente del Gobierno, José María Aznar; a los entonces ministros de Sanidad y Agricultura, Celia Villalobos y Jesús Posada, respectivamente; al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, y al subdirector del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Alfredo Timmermans, así como a la directora general de Sanidad, Dolores Flores.
Villalobos y Posada han admitido a este periódico que mantuvieron entrevistas con Fabra cuando ocupaban los respectivos ministerios. Pero, además, la juez contará con otros documentos sobre los que interrogará a Fabra y a Vilar, ya que ha requerido los faxes que acreditan la realización de gestiones, entre otros, por el diputado del PP Miguel Prim, el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, y el propio Carlos Fabra, con distintos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad.
Al requerimiento de información por parte de los citados respondieron, entre otros, el director general de Agricultura, Rafael Milán; el subdirector general de Medios de Producción Agrícola, Juan José Guitián; la directora general de Sanidad, Dolores Flores, e, incluso, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Todos ellos se refieren al estado de tramitación de autorizaciones solicitadas por la empresa que la esposa de Fabra, Amparo Fernández, posee con la ahora ex esposa de Vilar, Monserrat Vives. Ambas deberán declarar también ante la juez.
Arias Cañete, en una respuesta dirigida al diputado Prim, que este hizo llegar luego a Vilar, no se compromete a gestionar la urgente tramitación de los permisos para los productos fitosanitarios, aunque da cuenta en detalle de la situación de los expedientes.
Vicente Vilar aportará también documentos remitidos por el diputado del PP en el Congreso Juan José Ortiz quien, tras saludar a su "amigo Vicente", le informa de la tramitación de una nueva ley relativa a los fitosanitarios. "El portavoz del grupo, Esteban González Pons, se pondrá en contacto con Carlos para darle las últimas noticias antes de su debate en el Senado", concluye.
Sólo Vilar mantiene que se vio cumplido el objetivo de acelerar la concesión de autorizaciones para las sustancias en cuestión. Incurre en delito de tráfico de influencias el "funcionario público o autoridad" que influya en otro funcionario público o autoridad "para conseguir" una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de febrero de 2004