La magistrada del Tribunal Superior Nekane Bolado, que instruye la causa contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y otros dos miembros de la Mesa por desobediencia al Supremo, ha admitido una prueba solicitada por la defensa de los imputados. Con ella se pretende apuntalar su tesis de que la no disolución del grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna no se debe a la voluntad de desobedecer las resoluciones en ese sentido del Tribunal Supremo, sino a dificultades derivadas del Reglamento de la Cámara.
Para intentar reforzar esa postura, el defensor de Atutxa, de Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU) solicitó que se aportara al caso los procedimientos por los que el Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de Vitoria llevaron a cabo la disolución de los grupos de Batasuna, en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. En el caso de la Cámara navarra se hizo mediante una norma supletoria del Reglamento aprobada mediante una resolución del presidente y en el caso de Vitoria, reformando el reglamento municipal. Además de una copia de la documentación de ambas instituciones, se solicitan también los informes jurídicos encargados por la Federación de Municipios de Navarra y la Asociación de Municipios vascos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de febrero de 2004