El pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó ayer por unanimidad instar al grupo naval Izar, integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, que retire el expediente de regulación de empleo que afectaría a unos 400 trabajadores de la factoría de astilleros de Puerto Real.
PP, PSOE e IU apoyaron esta reivindicación de los trabajadores navales, que retomarán las protestas el martes, miércoles y jueves de la próxima semana para rechazar cualquier despido y reclamar más pedidos que garanticen el futuro del las plantas de Cádiz, Puerto Real y San Fernando, donde trabajan más de 3.000 operarios.
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, lamentó los incidentes acaecidos en los últimos días en las protestas del sector, pero defendió la necesidad de buscar más carga de trabajo para las tres factorías gaditanas "porque trabajan bien y son muy competitivas". En parecidos términos se pronunciaron los grupos municipales del PSOE y de Izquierda Unida, que emplazaron al Gobierno central a cumplir el "prometido" plan industrial.
Por otra parte, la Policía Local de Cádiz mantuvo toda la mañana de ayer cortada a la circulación la carretera industrial, escenario habitual de las protestas de los trabajadores de la factoría gaditana, debido a las labores de limpieza de algunas sustancias que fueron vertidas en la manifestación del pasado jueves, como aceites y restos de madera o neumáticos quemados. Fuentes del Ayuntamiento de Cádiz informaron de que el corte se produjo desde antes de las 12.00 hasta las 15.30 horas, una vez se comprobó que no quedaba resto de ninguna sustancia tóxica en la calzada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de febrero de 2004