El Consell, por boca del consejero de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, volvió a cargar ayer con dureza contra el Gobierno catalán a cuenta del recurso de inconstitucionalidad que la Generalitat catalana estudia plantear contra el Plan Hidrológico Nacional. Para García Antón esta iniciativa refleja la "insolidaridad" de un Gobierno decidido a "ir en contra de los intereses de los valencianos". García Antón salía al paso de unas declaraciones del conseller de Medio Ambiente catalán, que ayer reiteró la voluntad de acudir al Tribunal Constitucional.
García Antón no fue el único dirigente popular en criticar ayer la iniciativa del Gobierno tripartito catalán. El presidente valenciano, Francisco Camps, afirmó que "pueden presentar los recursos que crean convenientes, porque el trasvase se va a hacer pese a quien pese", mientras el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, declaró, tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña había manifestado su intención de poner "todas las trabas posibles para su ejecución", al tiempo que auguró que esta iniciativa acabará como todas las anteriores: "afortunadamente, sin éxito".
Estas críticas venían en respuesta a las manifestaciones del responsable de Medio Ambiente catalán, Salvador Milà, que aseguró ayer que el Gobierno tripartito está a la espera de recibir el preceptivo informe del Consell Consultiu antes de oponerse al Plan Hidrológico Nacional (PHN) con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Dicho recurso tendría como fundamento la invasión de competencias autonómicas catalanas por parte del Gobierno central, dado que Cataluña sería competente para fijar el caudal ecológico del Ebro en su territorio, lo que le permitiría vetar el trasvase.
Esta competencia fue pactada entre los Ejecutivos central y catalán en 2001 a cambio de que CiU apoyara la ley que aprobó el trasvase. Milà volvió a denunciar ayer en declaraciones a Barcelona Radio-Cadena SER que el Gobierno de José María Aznar aprovechó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2004 para arrebatar dicha capacidad de veto a Cataluña, mediante la trasposición que hizo de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.
Milà, uno de los consejeros que Iniciativa per Catalunya Verds tiene en el Gobierno catalán, afirmó que dicha transposición de la norma comunitaria no fue tanto una adaptación a la legislación nacional cuanto una maniobra "para apoyar el trasvese, dándole la vuelta a las prioridades" establecidas por Bruselas. Por ello adelantó que su Ejecutivo denunciará ante la UE el incumplimiento de esta directiva europea, "y, si hace falta, ante el Tribunal de Estrasburgo".
Las obras del PHN, entre tanto, avanzan en Tarragona tras las recientes expropiaciones en Vinaròs. El alcalde de Tortosa confirmó ayer que varios vecinos han recibido notificaciones alertándoles de que sus fincas serán ocupadas por técnicos para la realización de prospecciones geológicas, lo que ha provocado indignación entre los habitantes del municipio, informa Oriol Aymí.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de febrero de 2004