La fiscalía considera que la decisión del Tribunal Constitucional que provocó la condena de 11 de sus magistrados por parte del Tribunal Supremo fue "no sólo legal, sino acertada y razonable, escueta pero suficiente". Así lo recoge en el informe elevado a la Sala Penal del Supremo, en el que reclaman el archivo de una denuncia por prevaricación planteada contra los magistrados del Constitucional por la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción.
El escrito expresa además la "perplejidad" de la fiscalía por el hecho de que la Sala Primera del Supremo no denunciase por prevaricación a los magistrados del Constitucional, después de que en su sentencia utilizase "expresiones casi predeterminantes de un delito de prevaricación culposa".
La fiscalía destaca que las apreciaciones de la Sala Primera del Supremo (que condenó por responsabilidad civil a 11 magistrados del Constitucional) no son vinculantes para la calificación de los hechos que pueda hacer la Sala Segunda, de lo Penal, del mismo tribunal, ante la que se ha presentado la denuncia.
El fiscal recuerda que el origen del asunto fue una demanda de amparo del abogado José Luis Mazón contra una sentencia de la Sala Tercera del Supremo, que denegó su pretensión de que los letrados del Constitucional fuesen designados por concurso-oposición y no a dedo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de febrero de 2004