La puesta en libertad de 15 de los 16 detenidos en la operación policial obedeció a que sólo había suficientes indicios de participación en los hechos contra uno de los detenidos, que está en prisión, pero no contra los otros. Nuestro Estado de derecho obliga a fiscales y jueces a justificar, razonar y a motivar una medida de prisión, y no se puede enviar a nadie a la cárcel sin fundamentarlo, puesto que la inocencia se presume siempre y la libertad es el estado natural del hombre. Las voces contrarias a la libertad de estas personas parecen pedir a los garantes de la libertad, jueces y fiscales, que justifiquen su no ingreso en prisión. Si esto es así, mañana se podría pedir a los tribunales que justifiquen la absolución de una persona y no su condena.
La polémica surgida tras la puesta en libertad de estos inmigrantes rumanos evidencia, por otro lado, el adormilamiento de la sociedad ante actitudes que abren una crisis en el principio de presunción de inocencia y cercena la función de garantes de las libertades, que incumbe a jueces y fiscales.
Pedro Martínez es teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de febrero de 2004