Es de todos conocido el alto grado de inseguridad vial que soportan en Madrid las personas con movilidad reducida. Alejados de las fechas de ofertas electorales y superados, ampliamente, los 100 días de cortesía otorgados consuetudinariamente a todo Gobierno, es el momento de verificar que se cumplen las ordenanzas municipales y que se producen avances reales y efectivos en el área de la seguridad vial respecto de dichos ciudadanos.
No voy a enumerar supuestos concretos en esta ocasión; sin embargo, quiero destacar la obligación de los poderes públicos de remover las barreras que impiden y dificultan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos para que sean reales y efectivos (artículo 9 de la Constitución), así como poner de relieve el anormal funcionamiento de los servicios públicos; baste como ejemplo la actual situación de la calle de las Huertas, que, siendo peatonal, se ha convertido en aparcamiento de motos, coches y basurero de deposiciones caninas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de febrero de 2004