El juzgado de instrucción número 5 de Marbella ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Benahavís, Antonio Mena (PP), el presidente de la Asociación de Promotores Turísticos, Ricardo Arranz, y otras seis personas -dos funcionarios municipales, dos de la Junta y dos arquitectos- por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación.
Según la denuncia, Mena y Arranz "urdieron una trama de corrupción urbanística" y supuestamente acordaron acometer sucesivamente tres modificaciones de elemento al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad mediante las cuales el promotor logró construir más viviendas de las proyectadas, y en algunos casos con mayor volumen de edificabilidad en las urbanizaciones Flamingo I y Flamingo II. En la querella se relata que en una de estas modificaciones se autorizó edificar en parte del suelo destinado a un campo de golf y calificado de equipamiento deportivo.
Arranz negó ayer radicalmente los hechos, y aseguró que todo el proceso fue legal y que de hecho contó con el visto bueno en tres ocasiones de la Comisión Provincial de Urbanismo. Atribuyó el motivo de la querella a intereses particulares del denunciante, otro promotor urbanístico al que llamó "estafador". Según Arranz, la querella no es más que un intento de presionarle para que recompre al denunciante tres parcelas a un precio muy superior al que la adquirió. Respecto al campo de golf dijo que sólo se cambio de ubicación y que el denunciante firmó poderes en los que aceptaba la modificación de elementos. El juez ha recabado información a la Junta y al Ayuntamiento y, de momento, no ha tomado aún ninguna declaración ni formulado imputación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de febrero de 2004