El establecimiento de un sistema universitario vasco y la posibilidad de financiar a las instituciones privadas -Universidad de Deusto y Universidad de Mondragón- mediente la fórmula de contratos-programa, es decir, subvención por objetivos, aparecen recogidos en el proyecto de ley que se votará mañana en el Parlamento. Ambos aspectos generan recelo, cuando no abierto rechazo, entre algunos de los candidatos a suceder a Manuel Montero al frente de la UPV.
Francisco Doñate enfatiza que la referencia "fundamental" para el Gobierno vasco en la educación superior "tiene que ser la UPV". Marisol Esteban coincide con esta apreciación y lamenta que en la nueva norma no aparece "una clara apuesta por la universidad pública". "Se equiparan a los centros privados con la UPV, pero esa equiparación se produce sólo en los derechos, no en las obligaciones", apunta.
Ander Gurrutxaga echa en falta una mayor claridad en las condiciones generales de los contratos-programa de los que se pueden beneficiar los centros privados. "Deberían clarificarse más, porque pueden surgir problemas en la evaluación y en la definición del tipo de financiación en estos casos", pronostica.
Javier Muniozguren prefiere destacar las consecuencias positivas en la ampliación de los contratos-programa a los centros privados. "La competencia es buena. Es cierto que no es cómodo, pero beneficia la calidad y la mejora tanto de la investigación como de la docencia", afirma.
De manera similar se expresa Juan Ignacio Pérez. "Lo que me preocupa es que llegue a la UPV la financiación y los recursos adecuados, no que se puedan conceder contratos-programa a centros privados. Lo que nos debe importar es que nosotros funcionemos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de febrero de 2004