El Juzgado número 11 de lo Contencioso Administrativo celebró ayer una vista oral contra el Ayuntamiento de Barcelona, acusado de haber vulnerado el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio durante el desalojo de los 40 okupas que el pasado mes de septiembre se instalaron en unos bloques del Turó de la Peira que bautizaron con el nombre de Miles de Viviendas.
Este colectivo presentó la denuncia poco después del desalojo y el juez la admitió a trámite. Según el abogado de los okupas, Jaume Asens, el desalojo se produjo sin denuncia previa y sin el aviso preceptivo a los ocupantes de los inmuebles. El Ayuntamiento, explicó el letrado, se acogió a una normativa municipal que le permite ordenar el desalojo cuando se trata de terrenos de titularidad municipal, pero la utilizó incorrectamente, porque sólo debe aplicarse en casos extraordinarios y tienen que ordenarlo el pleno del Ayuntamiento o el alcalde.
Unas 40 personas se manifestaron frente al juzgado y colgaron pancartas con las siguientes leyendas: "La marca Barcelona viola los derechos fundamentales", "Desocupemos la precariedad" y "Llevamos al Ayuntamiento a juicio".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de febrero de 2004