En la oficina del Juzgado de lo Penal 21 de Barcelona entran diariamente cientos de documentos sin los cuales no se puede ejecutar la pena. Desde los antecedentes penales a los informes de la Dirección General de Tráfico o de las entidades bancarias para comprobar si el acusado posee algún vehículo y tiene la solvencia económica. Llegado el caso, esa información sirve para embargarle. Si se opta por una medida penal alternativa, el juez solicita un informe psicosocial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de febrero de 2004