Incremento en el precio de las viviendas con el empleo de medidas coercitivas, demoras en la ejecución y entrega de viviendas que suman cuatro años, eliminación de zonas verdes con la construcción de la M-45, R-3 y ampliación de la M-40, equipamientos culturales, sanitarios y sociales olvidados y, lo que es peor aún, no proyectados, metro para otros... Me pregunto quién defiende los derechos de más de 3.000 futuros vecinos y qué tipo de poderes públicos representan los intereses de los ciudadanos que se sienten desamparados ante la inequidad deliberada del Ayuntamiento y la Comunidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de febrero de 2004