Supongamos una familia numerosa de cinco miembros cuyos dos hijos mayores estudian en la misma provincia, pero, eso sí, a más de cien kilómetros de su casa.
Supongamos que el segundo haya obtenido matrícula de honor en segundo de bachillerato, tras su paso por una escuela rural agrupada, con estudiantes de cinco niveles diferentes en la misma aula, y por un instituto público.
Pongamos que en el mes de julio, el Ministerio de Educación emite una certificación por la que acredita que dicho estudiante tiene derecho a beca para iniciar estudios universitarios, de acuerdo con los datos económicos que obran en poder de Hacienda.
Pongamos que dicho estudiante decide matricularse en Arte Dramático, "equivalente, a todos los efectos, al título de licenciado universitario", según el artículo 42.3 de la LOGSE.
Supongamos que, con infinito esfuerzo, la familia destina durante cinco meses casi el 50% de sus ingresos a pagar el alquiler de dos pisos, transporte y comida para los dos hijos mayores, e intenta malvivir con el resto.
Pongamos que en febrero, el Ministerio de Educación deniega la beca por "superar los umbrales de renta", tras consultar con los mismos datos de Hacienda que en junio sí hacían merecedor de una beca al segundo hijo.
Por todo ello, felicito a Cristina Colomer, cuyo único problema con la enseñanza de sus hijos, según explica en la carta al director del 26 de febrero de 2004, parece que radica en que quiere llevarlos a una escuela no mixta.
Nosotros, en cambio, una familia de pueblo de lo más corriente, sólo podemos aspirar a que la libertad de educación garantice la igualdad de oportunidades que consagra nuestra Constitución y por la que el PP debería velar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de febrero de 2004