El proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por el presunto robo de caudales procedentes del río Segura ha encontrado el respaldo de 132 colectivos de Valencia y Murcia. Organizaciones agrarias y ecologistas, colectivos sociales y formaciones políticas, con la excepción del PP, remitieron ayer una carta al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, transmitiéndoles su gratitud por la investigación que este órgano judicial ha desarrollado sobre la problemática actual que padece la cuenca del Segura. En la misiva, los colectivos firmantes manifiestan su contrariedad con la gestión del agua que viene realizando la Confederación Hidrográfica y expresan su convicción de que la causa judicial emprendida por el TSJ madrileño ha supuesto un revulsivo en el ánimo de los ciudadanos que padecen la escasez de recursos hídricos y la contaminación del río Segura.
Las organizaciones que rubrican este escrito muestran también su esperanza en que la iniciativa del fiscal Emilio Valerio sirva "para reponer el daño causado". Para todos ellos, la legalidad ha sido usurpada durante muchos años, "al igual que el agua, que desaparece de manera ilegal", dice el texto. Un expolio que, según denuncian estos colectivos, "afecta a los caudales de la agricultura tradicional, al caudal ecológico, a nuestra salud y, en definitiva, a nuestro patrimonio y al del Estado". Estas 132 agrupaciones de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia también censuran a la Confederación Hidrográfica por mostrarse más proclive a perseguir a los que investigan su actuación que a castigar a quienes roban el agua de la cuenca. "Rechazamos la denuncia de la CHS contra el fiscal decano de Medio Ambiente del TSJ de Madrid -concluye la misiva- porque crea una gran alarma social que este organismo de cuenca denuncie sistemáticamente a todos los que investigan su gestión, intentando evadir la acción y el control de la justicia a la que todos nos debemos, especialmente si se gestionan recursos del Estado".
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid considera que la CHS ha podido favorecer a una trama empresarial que habría desviado centenares de hectómetros cúbicos de agua a zonas en desarrollo urbanístico de Murcia. La CHS replica: "Es rotundamente falso que los responsables de la CHS hayan mantenido una relación o trato de favor con grupos económicos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de marzo de 2004