El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Parlamento andaluz contra la reforma de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que regula la utilización de células madre y que fue aprobada por el Gobierno en noviembre pasado, al considerar que invade competencias autonómicas en materia de investigación. Este recurso, presentado el pasado 5 de febrero por el presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, señala que algunos aspectos de la reforma legal del Gobierno "vulneran derechos y principios constitucionales sustantivos, así como las competencias propias de la Comunidad Autónoma".
El alto tribunal ha dado un plazo de 15 días al Gobierno central y a las Cortes Generales para que presenten alegaciones al recurso andaluz. Además, el Tribunal Constitucional estudia acumularlo al recurso interpuesto por el Ejecutivo en enero contra la ley andaluza que regula la investigación con células madre embrionarias, que ya había sido admitido a trámite el pasado 15 de enero, lo que motivó la suspensión cautelar de la ley autonómica. El Gobierno central considera que la ley andaluza vulnera las competencias del Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica, técnica y de sanidad, además de señalar que sólo corresponde al Estado "determinar el concepto de preembrión no viable y regular el régimen de su destino a fines de investigación".
Un primer paso
El consejero andaluz de Salud, Francisco Vallejo, consideró ayer la decisión del alto tribunal como "un primer paso para declarar la inconstitucionalidad de la ley estatal".
Vallejó mostró su "satisfacción" en Antequera (Málaga) por el trámite del Constitucional y reiteró que el Estatuto de Autonomía otorga "exclusividad" a la Junta de Andalucía en materia de investigación. Por su parte, el presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, acusó ayer al Gobierno de "no promover este tipo de investigación por razones de tipo ideológico y religioso".
El portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, indicó ayer que la normativa estatal pretende "entorpecer y evitar la investigación con células madre", además de agotar la capacidad normativa de las comunidades autónomas.
El recurso del Parlamento andaluz, apoyado por todos los grupos políticos a excepción del PP, plantea que la prohibición de investigar con embriones sobrantes de la fecundación in vitro tras la entrada en vigor de la ley estatal el 23 de noviembre de 2003 vulnera derechos constitucionales como el derecho a la producción científica y técnica, entre otros. El otro aspecto que motivó el recurso de inconstitucionalidad del Parlamento andaluz obedece a la regulación de la estructura orgánica fijada por el Gobierno de "centralizar exclusivamente" el depósito y la distribución de embriones sobrantes de las técnicas de reproducción asistida anteriores al 22 de noviembre, los únicos con los que se podrá investigar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 2004