Las zonas urbanas de seis de las ocho provincias andaluzas superaron en 2002 el límite de dos horas de interrupción imprevista equivalente de la potencia instalada, el indicador utilizado para medir la calidad del suministro eléctrico. Ese mismo indicador (para zonas urbanas y rurales) ha superado las tres horas en los dos últimos años, lo que ha situado a Andalucía como la peor comunidad sólo después de Canarias. Endesa, la empresa que monopoliza la distribución de electricidad en la comunidad, achacó los numerosos apagones del año pasado a picos de demanda alimentados por variaciones climatológicas. Pero se ha visto forzada a anunciar una inversión de 1.000 millones de euros en los próximos cuatro años para realizar mejoras en sus infraestructuras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 2004