El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, rompió ayer su costumbre de intervenir en los asuntos relevantes del pleno municipal. Quizás para no interferir en la campaña electoral con un tema polémico, el regidor guardó silencio cuando el portavoz del Grupo Socialista, Blas Bernal, le acusó de "regalar" a dos empresarios suelo público valorado en 13 millones de euros. "No dude en calificar de auténtico regalo lo que el Ayuntamiento de Alicante le da a estas dos mercantiles, no dude en calificarlo de expolio al patrimonio público", le espetó.
Para sorpresa de los ediles, incluidos algunos del PP, el alcalde optó por el silencio y, sin replicar, sometió el punto a votación, que fue aprobado con los únicos votos del gobierno local.
Díaz Alperi ha decidido seguir tramitando el plan parcial Benalúa Sur a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano está investigando el controvertido convenio urbanístico que suscribió con dos industriales harineros, según el cual, el Ayuntamiento cedió a los empresarios suelo público de gran valor inmobiliario como indemnización por el traslado de dos viejas fábricas, en un espacio donde hay proyectadas viviendas de lujo. El regidor sustentó esa cesión con un lacónico informe de legalidad, precario hasta el punto de que el secretario municipal se negó a firmarlo. La oposición consideró el convenio nulo de pleno derecho y arbitrario. "Un regalo a los harineros", coinciden los grupos municipales de la oposición.
Los antecedentes del convenio no eran muy favorables para justificarlo. El representante de una de las factorías, Francisco Bufort, presentó dos alegaciones al plan parcial y pidió que las fábricas harineras, que están fuera de ordenación desde 1970, se consideraran sometidas a una vinculación singular e indemnizadas por los derechos que no puedan patrimonializar. El director de Planeamiento municipal respondió oficialmente a esa petición: no existe motivo alguno para indemnizar.
En contra de ese criterio técnico, el alcalde suscribió el convenio con los titulares de las harineras para indemnizarles. Así, de facto, unas viejas edificaciones eran legalizadas urbanísticamente e indemnizadas con dinero público. Los industriales crearon una empresa urbanizadora en febrero de 2003 para sacar provecho a sus terrenos y han presentado un programa para desarrollar la zona. El punto aprobado ayer se refería a la exposición al público de unas bases para seleccionar al urbanizador del plan urbanístico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 2004