Un total de 1,83 millones de firmas fueron declaradas válidas ayer -se requieren 2,4 millones- para solicitar el referéndum revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez, según anunció ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. La cifra prácticamente liquida la posibilidad de que se realice la consulta y acentuará, según coinciden todos los pronósticos, el clima de violencia en que se ha sumido el país durante la última semana. Francisco Carrasquero, presidente del CNE, en una transmisión conjunta de radio y televisión, ofreció las cifras oficiales. Al menos 604.590 de las personas cuyas firmas fueron objetadas deberán presentarse para ratificar su apoyo al referéndum.
El proceso de ratificación se realizará entre el 18 y el 22 de marzo en unos mil centros distribuidos a lo largo del país. Sólo con esa ratificación se alcanzaría el mínimo de 2,4 millones de firmas que se requieren para convocar el referéndum. El CNE publicará las cédulas de identidad de las personas que deben presentarse para verificar sus rúbricas. En total, según las cifras oficiales, la oposición consignó 3,08 millones de firmas, de las cuales fueron declaradas válidas 1,83 millones.
Las irregularidades en la recogida de firmas son objeto de una fuerte polémica jurídica y política. Estas rúbricas aparecen en planillas legales, pero los datos de los firmantes (nombre, apellido, cédula de identidad y fecha de nacimiento) fueron escritos por una misma persona. Las autoridades electorales consideran que esto crea una "duda razonable" acerca de su autenticidad. El reglamento no incluía expresamente la obligación de que cada elector escribiera sus datos, pero la publicidad del CNE lo recomendaba. Según el juez electoral Jorge Rodríguez, se quería evitar la falsificación. Tres de los cinco jueces del CNE se decantaron por la necesidad de la ratificación.
Entre el 18 y 22 de marzo, los firmantes deberán acudir a centros especialmente habilitados para ratificar su rúbrica. Las que no lo sean quedarán anuladas. La oposición asegura que todas las ya presentadas son legales, pues el único dato que debía ser asentado por el elector era su firma. El anuncio del CNE había sido aplazado ya tres veces desde el pasado domingo, lo que había generado un angustioso suspense y proporcionado excusas a los opositores violentos para protagonizar disturbios, especialmente en urbanizaciones de clase media y alta.
Las algaradas se extendieron la noche del lunes a zonas del centro y oeste de Caracas, considerados bastiones del chavismo. Los brotes de violencia han causado ya la muerte de cinco personas por heridas de bala. Al menos tres de ellos cayeron en enfrentamientos entre quienes estaban cerrando calles y los que intentaban transitar. La oposición, que anunció que radicalizará sus protestas en las calles tras conocerse la decisión del CNE, acusa a la Guardia Nacional de dos de los fallecimientos.
El lunes, la policía detuvo a Carlos Melo, dirigente de la opositora Coordinadora Democrática, acusado de poseer dos fusiles automáticos similares a los usados por el Ejército. El ministro de Comunicación, Jesse Chacón, dijo que los organizadores de los disturbios han emplazado francotiradores para disparar contra la Guardia Nacional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 2004