La UE ha impuesto sanciones a las importaciones de algunos bienes procedentes de EE UU, con tarifas arancelarias adicionales que entraron en vigor el pasado lunes. El 5% inicial de sobrecargo será incrementado cada mes hasta alcanzar un máximo del 17%. Es una medida ciertamente excepcional, pero consecuente con el fallo a favor de Europa, en 2002, de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el litigio por los subsidios fiscales que aplicaba la Administración estadounidense a las exportaciones de algunas empresas. La exigencia de su desmantelamiento por parte de la OMC no ha sido cumplida por EE UU y ahora Europa concreta las repetidas amenazas que afectarán a productos agrícolas, alimentos, juguetes, textil, libros, vidrio y acero, entre otros.
Más allá del limitado impacto económico, la sanción es una mala señal en un momento en que las tentaciones proteccionistas se extienden por la clase política estadounidense en año electoral. Ni la Administración ni el Congreso, que en última instancia deberán desmontar ese sistema de subsidios, parecen otorgar prioridad alguna a su supresión. La actitud de las autoridades comunitarias ha sido correcta, tras varios intentos diplomáticos para reconducir una situación de manifiesto incumplimiento de las decisiones de la OMC.
De persistir la actual situación de excepción, el daño no quedará limitado a las relaciones económicas entre EE UU y la UE, sino que acabará constituyendo el principal factor de deterioro del vulnerable sistema de relaciones comerciales internacionales y, consecuentemente, de la OMC. Nunca el proceso de globalización se había puesto en peligro de forma tan evidente y no precisamente de la mano de los antiglobalizadores, sino de quienes se han erigido en principales exportadores de la cultura del libre comercio. Por el bien de todos, Washington debería acatar cuanto antes, también en este punto, lo que establece el derecho internacional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 2004