Resulta preocupante la frecuencia y eficacia crecientes con que los clubes de fútbol consiguen drenar recursos públicos para financiar los exorbitantes salarios que pagan a sus futbolistas. La operación actual de la Real Sociedad para conseguir que el Ayuntamiento donostiarra le regale unos cuantas decenas de millones de euros es el penúltimo episodio de la serie.
El procedimiento es sencillo y tiene sus antecedentes más inmediatos en la operación de financiación pública de la plaza de toros de Illunbe, en la propia Donostia. En primer lugar se tira de la máquina urbanística municipal para crear derechos de edificación en un suelo destinado teóricamente a equipamientos comunitarios, creándose ex novo un montón de metros cuadrados "terciarios"; es decir, de uso hostelero, de oficinas, comercial o lo que sea, con tal de que sean vendibles. Por cierto que entre ese lo que sea está la construcción de viviendas, algo que los promotores de la Real Sociedad no han dicho en público pero que figura en el expediente administrativo.
Se trata de conseguir que decenas de millones de euros municipales pasen gratis a la Real Sociedad
El proyecto incluía la construcción de viviendas, algo que sus promotores no dijeron en público
La segunda fase es algo más delicada: se trata de conseguir que esas decenas de millones de euros así creados, que son municipales porque están creados sobre suelo municipal, se transfieran gratuitamente a una sociedad anónima deportiva. Aunque no se ha explicado el modo concreto de proceder, es posible intuirlo a la vista de lo que se hizo con la plaza de toros: adjudicarlos gratis al único operador posible del estadio, la Real Sociedad. El resultado final es evidente: la riqueza pública creada en la parcela deportiva de Anoeta gracias a la recalificación urbanística se entrega a la Real Sociedad bajo la forma de un nuevo campo de fútbol ampliado y, eso sí, sin pistas de atletismo. A esto ahora se le llama "autofinanciación", cuando de lo que se trata es de un pelotazo.
No es el primer equipo que lo hace. Un par de años atrás, el Real Madrid logró sanear sus cuentas consiguiendo que el Ayuntamiento madrileño le recalificara los terrenos que ocupaba su ciudad deportiva. Los cientos de millones de euros de esa operación han permitido fichajes de asombro y la actual racha victoriosa del equipo merengue, hasta el punto de que el asunto ha sido llevado a la División de la Competencia de la Comisión Europea para ver si tal actuación municipal entra dentro del campo de las subvenciones públicas a empresas privadas. Desde luego, tiene todas las apariencias.
Otras vías de subvención utilizadas por los clubes son menos originales pero no menos efectivas: ayuntamientos que compran acciones de los equipos de la ciudad o les avalan préstamos irrecuperables para evitar el descenso; televisiones públicas que ofertan por retransmitir partidos de fútbol mucho más que lo que obtienen por la publicidad asociada a la retransmisión; peticiones al Estado para rebajar el IVA, lo que permite cobrar el mismo precio final en cada entrada, pero quedándose más parte el club; petición al Estado de aumento en la participación de las quinielas, etc. Los más osados, y aquí la Real es una experta, piden dinero directamente a las instituciones, y así la Diputación de Guipúzcoa le entregó el año pasado 12 millones de euros, escudándose en algo así como que eran para inversiones en Zubieta. Pero el club, con total desparpajo, desveló la jugada al hacer figurar 9 de esos 12 millones en la liquidación del presupuesto del año, es decir, destinándolos a pagar el déficit del ejercicio. A los contribuyentes vizcaínos les sonará la música, pues, si no recuerdo mal, la Diputación de Vizcaya hizo algo similar hace con el Athletic.
¿Qué va a pasar con esta nueva gigantesca operación inmobiliaria en Anoeta? Es pronto para saberlo. Desde un punto de vista legal, tiene pinta de tener muchos flancos al descubierto, algunos tan evidentes como los siguientes:
-Ubicar los gigantescos usos terciarios previstos en una zona de equipamiento comunitario como es Anoeta choca con la normativa urbanística. Los tribunales han rechazado una operación semejante, aunque algo mas burda desde el punto de vista jurídico, en Illunbe y su "zona de ocio" para financiar la plaza de toros, pues no parece posible considerar esos nuevos aprovechamientos urbanísticos como "uso auxiliar" de la actividad deportiva; salvo que se entienda que es auxiliar... para financiar a la Real Sociedad.
-Tampoco parece legal ubicar 45.000 metros cuadrados de oficinas y hoteles (es decir, unos 2.000 puestos de trabajo) con una raquítica dotación de 500 aparcamientos. Las previsiones del Plan General obligarían a prever como mínimo el doble de plazas de aparcamiento, lo que supone más dinero y un espacio difícil de encontrar.
-Desde un punto de vista de seguridad para casos de evacuaciones, hay que tener en cuenta que el actual estadio ya tuvo serios problemas por su excesiva proximidad al monte, lo que obligó en su día a excavarlo para dotar del necesario espacio libre a esa parte del estadio. El nuevo estadio es más grande en planta y se acerca más al monte, haciendo desaparecer, por cierto, prácticamente las actuales aceras. Esto, unido al mayor volumen de personas a desalojar, exigirá mayores espacios libres delante de las puertas del estadio, lo que obligará a tirar un buen trozo de monte, cosa que no está prevista.
-Pero si la parte legal del estadio da problemas, tampoco está clara la segunda parte de la jugada. Vender los masivos aprovechamientos lucrativos así creados en una sola operación, para que el destino de esa venta sirva para remodelar Anoeta, no es una operación sencilla. Donostia no tiene capacidad para asumir de golpe una promoción inmobiliaria tan potente, por eso probablemente los promotores de la idea han previsto que el uso de tres de las cuatro torres previstas como oficinas sirvan también para construir pisos, porque saben que el mercado donostiarra es capaz de vender todas las viviendas en un periquete y a muy buen precio. Claro que el disparate jurídico de ubicar viviendas en una zona de equipamiento comunitario es todavía mayor que el de ubicar oficinas.
-Por último, no puedo menos que sonreír por la obsesión de "acortar distancias" entre las gradas y el campo de juego que esgrimen los autores para justificar el proyecto. Parece una verdad de Perogrullo pero, si se aumenta el estadio por abajo, por las pistas de atletismo, y por arriba, por encima de las actuales gradas, el resultado es evidente: sólo algunos de los 10.000 nuevos espectadores verán efectivamente las pelambreras de los futbolistas con mayor detalle; el resto de ellos las verán de muchísimo más lejos que en la actualidad, mientras que los actuales 30.000 espectadores los seguirán viendo desde la misma distancia. Elemental, pero, viendo cómo suspiran algunos socios, parece que todos se ven ubicados en las primeras filas, y no.
En resumen, el proyecto necesita un poco de sentido común. El fútbol es importante, pero sólo es un espectáculo profesional con muchos adeptos. Si esos aficionados quieren pagar por los futbolistas cantidades desproporcionadas, que lo hagan; pero con su dinero, no con el patrimonio público. Éste tiene otros objetivos más prioritarios que destruir un estadio recién inaugurado, el único olímpico de Euskadi. Incluso dentro del mundo del deporte es notorio que los recursos para el resto de deportes minoritarios son claramente insuficientes. Si la Real quiere aumentar el aforo del estadio, que proponga algo a su cuenta y riesgo, pero sin forzar al urbanismo por encima de lo deseable ni pretender que se les regale de manera más o menos ingeniosa el patrimonio público.
Si la pasión por el fútbol es tan fuerte, los apasionados hinchas deben pensar en pagarlo de su bolsillo. Y, por favor, que no traten de decir eso de que la Real es el único vínculo que nos une a los guipuzcoanos, que ya somos mayorcitos.
Javier Olaverri es ex concejal de Urbanismo de San Sebastián.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 2004