La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, dijo ayer que la posición política del Gobierno sobre la Seguridad Social está el artículo 54, apartados dos y tres, de su propuesta de nuevo Estatuto (el denominado plan Ibarretxe) y no en los informes que encarga el Ejecutivo. Azkarate respondía de esa manera a varias preguntas sobre el contenido de un estudio adjudicado por el propio Gabinete al Instituto de Economía de la UPV, en que sus autores constatan la inviabilidad de una Seguridad Social propia para la comunidad autónom. Los expertos argumentan que debido a la baja natalidad y la escasa inmigración, ese proyecto sería inviable; es decir, no podría hacer frente al pago de las pensiones más allá de 2025.
Azkarate aludió una y otra vez al citado artículo, en el que se garantiza "el principio de unidad en la titularidad de los recursos del sistema de seguridad social del conjunto del Estado", lo que cabría interpretar una caja única para toda España. Sin embargo, a continuación indica el texto que la participación en el sistema se sujetará a la fórmula del Concierto Económico, como ha defendido siempre el PNV, lo que implica la ruptura de esa unidad de caja al asumirse "la función recaudadora de las cotizaciones", aportando un cupo de solidaridad a la Seguridad Social estatal.
La portavoz no quiso aclarar, pese a las numerosas preguntas en ese sentido, si el informe fue tenido en cuenta o determinó la redacción del artículo 54 del plan Ibarretxe, ni si esa redacción incorpora las dificultades que el informe revela. Se refugió una y otra vez en su afirmación inicial sobre la diferencia entre informes técnicos y propuestas políticas. "Los informes técnicos sólo muestran unos datos sobre los que después se toman las decisiones". Azkarate recordó que el Gobierno "no suele" hacer públicos este tipo de informes, aunque mostró su disposición a entregarlo al Parlamento si así se le solicita en la Cámara.
Por otra parte, el Gobierno destinó una partida de 20 millones de euros a las ayudas económicas a las familias con hijos. Se trata de una cuantía global que, según el departamento de Justicia y Empleo, tiene que durar hasta el año 2013.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 2004