Los asesores fiscales consideran contradictorio que los partidos políticos propugnen un abaratamiento del precio de la vivienda y, al mismo tiempo, se incrementen los impuestos vinculados a la compra de un inmueble: el de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. Ambos tributos están transferidos a las comunidades autónomas y desde 2001 han utilizado su capacidad normativa para elevarlos un 16,6% en el primer caso y un 100% en el segundo, según el Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Esta organización, que agrupa a más de 4.300 profesionales, presentó ayer un estudio sobre los tributos de competencia autonómica (el 33% del impuesto sobre la renta, el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados). Con la norma estatal, la transmisión de un inmueble estaba gravada con el 6% de su importe. Pero desde 2001, todas las comunidades (excepto Canarias y las de régimen foral, País Vasco y Navarra) lo han elevado al 7%. Mayor ha sido la subida de la tasa de actos jurídicos documentados, que ha pasado del 0,5% al 1%, salvo en Canarias, Baleares y Murcia, más las forales.
Elevar este impuesto -las precursoras fueron Madrid y Cataluña- supone establecer un "peaje", en palabras del presidente de los asesores, Valentí Pich, que dificulta las transmisiones. "Gravemos el beneficio, no la transmisión", propone Pich.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de marzo de 2004