IU, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, ha solicitado al Defensor del Pueblo que recurra la última reforma de la Ley de Extranjería por entender que tiene aspectos de dudosa constitucionalidad. Los inmigrantes en situación irregular no van a abandonar nuestro país después de haber llegado a él con tanto esfuerzo y sufrimiento. Por tanto, es necesario, por razones constitucionales, humanitarias y pragmáticas, reconocer y garantizar sus derechos fundamentales y crear mecanismos de regularización que permitan a las comunidades autónomas desarrollar planes integrales para su completa integración social.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de marzo de 2004