Las competencias para modificar la Ley del Menor son estatales y son las Cortes Generales quienes deben dar respuesta legislativa en esta materia. La delincuencia de menores es un asunto muy complejo que requiere políticas muy distintas, desde ámbitos tan diferentes como la Educación o la Justicia. Es necesario una política de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para ofrecer alternativas reales y de futuro a los menores con problemas sociales o de drogodependencias. Asimismo, también es necesario abordar la amplia demanda social existente para endurecer las penas a menores con delitos graves.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de marzo de 2004