Fácil. Mucho más fácil de lo que cualquiera de nosotros se podría imaginar. Contrata una clínica privada para desviar a un determinado número de pacientes. Dicha clínica se encarga de llamar a los interesados y les da a elegir entre adelantar su cita unos meses acudiendo a su consulta o bien esperar a la cita que ya tenían en la Seguridad Social. Si el paciente se decanta por la segunda opción (como fue mi caso, después de esperar nueve meses, ya te da igual esperar dos más) se puede llevar una desagradable sorpresa el día de su esperada cita con el especialista correspondiente: no le pueden atender porque su nombre no figura en la lista. Su cita ha sido anulada.
Le pasarán a hablar con el jefe correspondiente, y éste le explicará que tenía que haber acudido a la clínica privada, ya que no había posibilidad de elección. Desde el momento en que pasan el listado de pacientes a esta clínica sus citas son anuladas.
Y yo me pregunto: ¿por qué me dieron la posibilidad de elegir si esa posibilidad no existía? ¿Por qué me desvían a una clínica privada cuando mi historial de varios años de pruebas y tratamiento está en la Seguridad Social? ¿Por qué esta imposición?
Y ahora viene lo peor: ¿qué solución piensan que me han dado?: pida usted una nueva cita. Perdonen que me ría, pero es que para ésta he tenido que esperar 11 meses. Si pido otra, ¿creen que me tocará antes del 2005? Yo creo que no.
No me queda ninguna duda, si hacen lo mismo con otros pacientes desde luego que reducen las listas de espera. Tranquila, Esperanza, no tendrá que dimitir.
Sólo me queda decirles que todo esto ha sucedido en el hospital Gregorio Marañón, y que he cursado la correspondiente reclamación en su servicio de atención al paciente. Veremos qué responden.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de marzo de 2004