Raúl G. V., acusado de matar al presidente del comité de empresa del Instituto Social de la Marina en junio de 2002, se negó a declarar ayer ante el tribunal de jurado que ve su caso en la Audiencia de Madrid. El acusado justificó su petición alegando que no confía en su abogado defensor, al igual que hizo en noviembre de 2003 con otro letrado. La magistrada de la sección séptima no accedió a suspender la vista oral, al contrario de lo que sucedió la vez anterior.
Raúl G. V. se enfrenta a una petición del fiscal de 18 años de cárcel por asestar tres puñaladas mortales el 12 de junio de 2002, en el vestíbulo de la estación de Renfe de Recoletos, a Cándido P. C., el representante sindical del Instituto Social de la Marina, organismo del que el acusado había sido despedido días antes. La causa comenzó a juzgarse en noviembre de 2003, pero fue suspendida después de que el imputado renunciara al letrado que le defendía. En aquel momento la magistrada acordó la disolución del jurado y le emplazó a designar a otro letrado en cinco días. Al no cumplir ese requisito, al acusado se le adjudicó un letrado de oficio.
El abogado defensor expuso que su cliente padece un trastorno paranoide "narcisista" que le llevó a perder el control la mañana de los hechos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de marzo de 2004