Un encofrado mal puesto provocó ayer el desplome de parte del techo de la primera planta de un edificio que se construye en el solar del antiguo almacén de maderas Povisa, situado en la calle Fray Junipero Serra, de Marbella. La Asociación de vecinos de las Albarizas presentó en el mes de noviembre un total de 150 escritos de denuncias ante el Ayuntamiento contra esta obra, que se construye en un suelo calificado como industrial en el PGOU de 1986, el único que reconoce la Junta de Andalucía como vigente.
El accidente, en el que no se registraron heridos, se produjo sobre las 12.00 horas de ayer mientras se vertía hormigón en el encofrado. Poco después las obras se reanudaban nuevamente, con las consiguientes quejas de los vecinos y de la asociación Ecologistas en Acción que exigen la paralización del inmueble, que realiza la promotora Lomas del Virrey S.L. y la constructora Bonifacio Solis, por considerarlo ilegal.
En el solar está prevista la construcción de un edificio de nueve plantas y cuarenta y ocho viviendas, además de aparcamientos y locales comerciales. La Asociación de Vecinos de las Albarizas y los ecologistas han denunciado ante la Fiscalía de Málaga y el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella a la alcaldesa, Marisol Yagüe, y la Policía Local, "por no paralizar" los trabajos.
La propia Comisión Provincial de Urbanismo impugnó la licencia y los tribunales ordenaron la suspensión de los trabajos el pasado 10 de octubre. Una medida que no llegó a producirse ya que fue recurrida por la empresa constructora.
Ambos colectivos, que presentaron la primera denuncia en mayo de 2003, recordaron a Yagüe que la nueva Ley del Suelo aprobada por el Parlamento andaluz autoriza a los Ayuntamientos a suspender las licencias de obra y paralizar aquellas construcciones que no se ajusten al planeamiento urbanístico vigente.
Actuación de oficio
El propio delegado provincial de Obras Públicas, José María Povedano, reclamó recientemente al equipo de gobierno que encabeza Marisol Yagüe que actúe de oficio contra las actuaciones urbanísticas que incumplan el PGOU de 1986, a pesar de que no haya una resolución judicial. Sin embargo, parece poco probable que el equipo de gobierno que encabeza Yagüe atienda sus demandas. La alcaldesa ya ha manifestado en varias ocasiones que sólo paralizará las obras ilegales que ordenen los jueces.
Por otra parte, el Ayuntamiento investiga la actuación de tres personas de la empresa municipal Gerencia de Obras, adscritas al servicio de inspección de disciplina urbanística, a las que "se imputa un presunto delito en el desempeño de sus funciones". La Jefatura de la Policía Local de Marbella ha abierto diligencias sobre esta supuesta trama de corrupción en los servicios de disciplina urbanística y de licencias de aperturas de locales, que fue denunciada por un particular.
La sociedad municipal ha abierto también un expediente disciplinario a los tres afectados con la adopción de medidas cautelares, que pasan por la suspensión de empleo y sueldo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de marzo de 2004