El Gobierno en funciones, presidido por José María Aznar, decidió ayer desclasificar dos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el atentado del 11-M para intentar probar que los dirigentes del Ejecutivo no mintieron al atribuir la masacre de Madrid a ETA. La desclasificación de los dos informes, elaborados a las cuatro de la tarde del jueves 11 de marzo y a la misma hora del viernes 12 de marzo, no tiene precedentes.
La ley limita las atribuciones del Gobierno en funciones al despacho ordinario de los asuntos públicos, "absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia o por razones de interés general, cualesquiera otras medidas".
El único precedente de desclasificación no fue por iniciativa del Gobierno, sino por orden del Tribunal Supremo, que obligó en 1997 al Ejecutivo del PP a entregar a los jueces los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA.
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La decisión, comunicada al PSOE tras su aprobación en el Consejo de Ministros, goza de "amparo legal", según el portavoz Eduardo Zaplana. Para lograr ese amparo, el Gobierno recurrió a una ley preconstitucional, ya que data de 1968. Zaplana negó que existieran más informes del CNI sobre la autoría del 11-M. Sin embargo, el servicio secreto elaboró al menos otro informe más, fechado el 13 de marzo y referido a la posibilidad de que hubieran colaborado en el atentado ETA y grupos radicales islamistas. El informe que repartió el Gobierno acredita que Aznar y Acebes atribuyeron ese día a ETA el atentado sin tener datos sobre el explosivo utilizado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de marzo de 2004