En 1995, el Gobierno de Clinton determinó que Osama Bin Laden, entonces en Sudán, era un peligroso terrorista, pero las gestiones para neutralizarlo se estancaron ante las dificultades diplomáticas para acusarle, detenerle y extraditarle, según la comisión que investiga el 11-S. Poco después, el líder de Al Qaeda se estableció en Afganistán.
Para que Bin Laden no consolidara sus bases en Afganistán, se encargó a Arabia Saudí la negociación con el régimen de los talibanes en 1998. Fue el propio director de la CIA, Georges Tenet, el que negoció directamente con los saudíes. Estos dijeron que con una mezcla de "amenazas y posibles compensaciones", el mulá Omar, jefe de los talibanes, aparentemente habría aceptado entregar a Bin Laden. Pero en una posterior reunión con los responsables de los servicios secretos de Arabia Saudí y Pakistán, en septiembre de 1998, Omar se volvió atrás.
Además de lo mencionado, la comisión detectó otros fallos en la relación de los diversos gobiernos de EE UU y países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán, a la hora de presionarles para que colaboraran en la captura de destacadas figuras de Al Qaeda o grupos similares.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de marzo de 2004