Por enfermedad grave de un familiar, la Delegación de Educación me concedió una licencia de asuntos propios sin sueldo el pasado mes de febrero y, al reincorporarme a mis tareas docentes en el instituto Nervión de Sevilla un mes después, constaté que esa misma delegación que me concedió el permiso -sin sueldo- no había contratado profesor sustituto alguno para mis alumnos (dos de los grupos de segundo de Bachillerato a las puertas de su examen de entrada en la universidad).
Y son varias las preguntas que a todos (menos por lo visto, a la delegada de Educación) nos vienen a la mente. La más hiriente: ¿cómo se priva impunemente a los alumnos y a los padres de su derecho constitucional a la educación? Pero, en segundo lugar, ¿qué destino ignoto ha tenido el dinero que yo no he percibido?
También nos podemos preguntar cómo, no siendo éste el primer caso que se da y que se denuncia, la Delegación de Educación sigue dando la callada por respuesta. Y aún más: ¿Cómo ese sindicato de estudiantes, tan reivindicativo para algunos asuntos, olvida en sus reivindicaciones que su primera exigencia debiera ser el derecho a la educación, que supone, en primerísimo lugar, disponer de profesores?
Y ese partido que en Andalucía, y según la reciente campaña electoral, también en el resto de España, nos quiere inundar las aulas de colegios e institutos con ordenadores, ¿no debería empezar la casa por los cimientos y asegurar un profesor por aula antes de meter los ordenadores?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de marzo de 2004