Las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron ayer que la Diputación impulse las actuaciones judiciales por las irregularidades urbanísticas cometidas en la ampliación del chalet del ex lehendakari José Antonio Ardanza, situado en la reserva de Urdaibai. Casi todos los grupos junteros (PP, PSE, IU y EA) respaldaron la propuesta y sólo el PNV se abstuvo al considerar que la Diputación no debe ser "inspectora de obras".
El acuerdo, de carácter más político porque la Diputación no tiene competencias para hacer cumplir la ley, se une a la postura del Gobierno vasco, que ha anunciado que llevará el tema a los tribunales al negarse a actuar el Ayuntamiento de Arteaga.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de marzo de 2004