Ciutat Vella y Sarrià-Sant Gervasi son los distritos barceloneses donde residen la mayoría de los ciudadanos que se han dirigido al servicio contra el mobbing inmobiliario (presiones a los inquilinos para que dejen sus casas de alquiler) que puso en marcha el Ayuntamiento en enero.
Un total de 208 personas se han acercado a la oficina municipal de información al consumidor de Barcelona en este tiempo para asesorarse sobre si su caso se ajusta a lo que se entiende por acoso inmobiliario. De ellos, sólo 70 vieron confirmadas sus sospechas de que estaban siendo objeto de mobbing, es decir, recibiendo presiones de forma continuada para que abandonen el piso que habitan.
La mitad de las fincas a que se refieren las reclamaciones están situadas en el casco antiguo de la ciudad y, en menor medida, en Sarrià-Sant Gervasi. Las restantes se encuentran en Sant Martí y otros puntos de Barcelona, como el Eixample, donde abundan las viviendas antiguas. Según informó ayer el teniente de alcalde Jordi Portabella, el pasado año la oficina de información atendió 55.000 consultas, el 13% más que en el año 2002, las cuales dieron lugar a 10.488 reclamaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de abril de 2004