Reformar o releer la Constitución. Esta disyuntiva semántica suscita agrias polémicas políticas a la espera de cómo será el futuro Estatut. El Gobierno de Pasqual Maragall, según diversas fuentes, ya se ha inclinado por un texto autonómico basado en una relectura constitucional que no requerirá la reforma. El Ejecutivo busca que el nuevo Estatut sea una Constitución para Cataluña y que contenga las bases de la ley electoral catalana, la organización territorial y la financiación autonómica, los elementos incluidos en el Acuerdo para un Gobierno de Izquierdas y Catalanista.
La victoria del PSOE en las elecciones generales y la llegada a la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han abierto a los aliados del Gobierno tripartito catalán la veda para una ambiciosa reforma del Estatut, aseguran fuentes del PSC. La perspectiva de cuatro años de estrechez política, auspiciados por un gobierno del Partido Popular, ha dado paso a una nueva realidad cuyos límites quieren conocer los integrantes del Ejecutivo catalán.
La victoria del PP les habría obligado a trabajar "bajo censura psicológica", según expresión del consejero de Relaciones Institucionales, el ecosocialista Joan Saura. Ahora, en cambio, se vive un momento similar al que caracterizó la transición democrática, cuando -con permiso del Ejército- todo estaba permitido. Pero eso hace temer en la madrileña calle de Ferraz -sede del PSOE- y en los aledaños de La Moncloa que la imaginación estatutaria de los partidos que gobiernan Cataluña vuele a alturas que desde el centro de España se observen como preocupantemente excesivas.
Medir las palabras
Este cúmulo de circunstancias hace recomendable que las palabras se midan más que nunca, afirman desde el tripartito. La prudencia la comparten todos los integrantes del Gobierno, desde los socialistas hasta los republicanos, pasando por Iniciativa per Catalunya. Pero no parece que la practiquen todos. La polisemia de las declaraciones realizadas esta semana por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha inquietado a los aliados, a su propio partido y a la mismísima Administración catalana, aseguran en medios gubernamentales.
El pasado domingo, Maragall dijo que la construcción de la España plural requiere "una relectura de los textos fundamentales". Días después, el jueves, el presidente catalán, en una pirueta semántica, pasaba del "no nos pondremos como límite la Constitución" al "quiero que quede claro que el Estatut no se hace con la finalidad de cambiar la Constitución". La pregunta que surge ante estas declaraciones, que suscitan más expectación en Madrid que en Cataluña, es: ¿qué estatuto quieren los catalanes?
Por el momento, la línea que cobra más fuerza es aquella según la cual el Estatut debe ser fuerte, potente, y blindar las competencias exclusivas para que -como preocupaba al ex presidente Jordi Pujol- el poder central no vuelva a hacerse con ellas, agregan en medios próximos a Presidencia.Unos 20 okupas decidieron interrumpir el paso del primer tranvía instalándose en las vías en Esplugues. Hay quien sospecha que habían sido contratados por la empresa del nuevo transporte. La presencia de los okupas y su negativa durante casi hora y media a dialogar provocaron un movimiento de solidaridad con el tranvía. La gente empezó a vitorearlo y a exigir a quienes protestaban que se lavaran y buscaran trabajo. El colectivo no era belicoso. Había organizado un partido de fútbol (al que se sumó un ratito el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal) y repartió comida. Los muchachos aguantaron el chaparrón de los vecinos hasta que llegó la policía. Los agentes no tuvieron ni que cargar, aunque sí protegieron el convoy.
En todas las paradas había una pequeña multitud esperando, antes incluso de la hora prevista. Algunos desistieron ante las colas. La empresa reconoció que no pudo cumplir los horarios. Quedó desbordada por el éxito. La gente se subía en el inicio de los tres trayectos y no se bajaba hasta el final. En cada una de las paradas el tiempo de espera era muy superior al previsto porque la entrada y la salida eran muy difíciles. Entre ayer y hoy, se calcula que el tranvía será utilizado por unas 100.000 personas.
A la inauguración acudió el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, vestido con un traje de pana como el de los antiguos tranviarios y acompañado de Nadal y de las autoridades municipales de las poblaciones por las que pasa el tranvía. CiU, el PP y ERC no asistieron, en protesta por el periodo de pruebas. Sí estuvo el anterior director general de la Autoridad del Transporte Metropolitano, Francesc Ventura, junto al actual, Ramon Seró.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de abril de 2004