La muerte de un ex minero en el Parlamento boliviano se ha convertido en el detonante de nuevas protestas sociales ante un Estado en virtual quiebra técnica y un Gobierno solitario y débil, a casi seis meses de su toma de posesión tras una dramática contestación popular en octubre pasado. Los sindicatos, en manos de direcciones radicales, han anunciado protestas para los próximos días, mientras preparan su participación en una reunión de la Central Obrera Boliviana que tiene, entre otros objetivos, el de planificar una insurrección, según anunciaron a la prensa.
El Gobierno del presidente Carlos D. Mesa, que intenta una administración en solitario sin el apoyo de los partidos políticos, no ha logrado un acercamiento al Parlamento, que había rechazado la aprobación de algunas medidas consideradas vitales para el Estado e intentaba censurar a dos ministros del Gabinete hasta que se produjo el suicidio del martes.
En medios militares se observa con preocupación la gestación de movimientos insurreccionales tras la declaración pública de líderes sindicales de hacerse con el poder político
La buena voluntad del presidente no ha frenado la sistemática acción desestabilizadora en el campo, donde vive el 40% de la población indígena en condiciones de extrema pobreza
El ex minero Eustaquio Picachuri, de 49 años de edad, y desde 1995 despedido y en trámite de jubilación, sobrevivía con trabajos esporádicos muy lejos de su natal Catavi, uno de los más importantes distritos mineros tanto en la era de Simón I. Patiño, El Barón del Estaño, como bajo la Administración pública. La desesperación le empujó a detonar una carga de dinamita que llevaba alrededor del cuerpo, en un suicidio público -que costó la vida a dos policías- en la sede del Parlamento.
La extrema determinación del ex minero y las advertencias de que hay otros dispuestos a emularle ha inducido a que el Congreso apruebe rápidamente una tasa impositiva a las transacciones financieras presentada por el Ejecutivo, entre otras propuestas, para generar ingresos en las vacías arcas estatales, hasta el punto de que no existían fondos para pagar los sueldos y salarios de la Administración pública en abril, según advirtieron las autoridades económicas.
La historia de Picachuri puede ser la de otros miles de ex trabajadores que continuaban, hasta el jueves, con un largo e interminable peregrinaje en busca de una jubilación bajo dos sistemas de pensiones vigentes, tras la obligada reforma sugerida por organismos financieros internacionales.
El primero, solidario, que depende de una precaria institución que continúa evaluando plantillas en forma manual con un rezago de unos 80.000 expedientes, y que mantiene como premisa no ya el "vuelva usted mañana", que tanto criticaba Larra en el siglo XIX, sino "vuelva el próximo mes, vuelva en tres meses".
El segundo, el de la capitalización individual, ha dejado a unas 30.000 personas sin poder acogerse ni a uno ni a otro sistema por falta de edad -que se subió de 60 a 65 años en varones y de 50 a 55 en mujeres, en un país donde la esperanza de vida al nacer es de 65 años- y por falta del número mínimo de cotizaciones. Se llaman asimismo los de la "generación sándwich" y han promovido decenas de manifestaciones y acciones de presión, desde crucifixiones hasta ayunos y bloqueos, sin lograr las medidas oficiales que contribuyan a resolver el problema, hasta el jueves pasado, cuando el Gobierno del presidente Carlos Mesa adoptó disposiciones para, al menos, paliar el conflicto en ciernes.
Probablemente, el factor de mayor irritación era la enorme brecha que existía hasta ahora entre un grupo minoritario -de unas 3.000 personas- que absorbía el 10% del presupuesto destinado a las jubilaciones, con rentas entre 7.000 y 4.000 dólares, frente a más de 130.000 con pagos de apenas 100 dólares mensuales, y la presión de unas 30.000 personas que desean acogerse este año al retiro.
Las medidas de Mesa, que sorprendieron a los escépticos jubilados, apuntan a "democratizar" las pensiones en un tope máximo de 1.000 dólares mensuales, y a utilizar ese remanente en el pago de otras rentas, cuyo trámite cobrará dinamismo inmediatamente después de la intervención de la Dirección de Pensiones, que maneja el sistema solidario.
El Estado boliviano afronta una crítica situación financiera, con un déficit del 8,9% del producto interior bruto y grandes dificultades para generar mayores ingresos, debido, entre otros aspectos, a la acción política en el Parlamento, que no acaba de resignarse a un obligado alejamiento de las cuotas de poder en el Ejecutivo.
Presión sindical
Está también la presión sindical y de algunos sectores sociales periurbanos que plantean una reposición de las estructuras estatales del pasado y se oponen a la enajenación del gas natural, cuyas reservas colocan a Bolivia en segundo lugar en el continente, sin antes lograr el crecimiento interno. Paralelamente, sus demandas de ingresos o de presupuesto para la educación no solamente son cada vez mayores, sino también más exigentes e intolerantes, hasta el rechazo de cualquier medida impositiva o de incremento en las tarifas de servicios. A pesar de la buena voluntad de Mesa, sus concesiones para impedir que se repita la violencia de octubre, sus esfuerzos por lograr mejoras en el nivel de vida de las clases más empobrecidas, no ha logrado frenar una sistemática acción desestabilizadora en el área rural, donde vive alrededor del 40% de la población indígena en condiciones de extrema pobreza.
En medios militares se observa con mucha preocupación la gestación de movimientos insurreccionales, especialmente tras la declaración pública y manifiesta de líderes sindicales de hacerse con el poder político y el anuncio de la próxima aparición de grupos armados. De hecho, creen que en algunas zonas del país los grupos organizados y entrenados están a punto de rebasar a sus dirigentes, o éstos tienen grandes dificultades para controlarlos.
Sin embargo, las últimas encuestas han mostrado un mayoritario apoyo al Gobierno del presidente Mesa, que llegó al poder tras la asonada popular de octubre, que obligó al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a salir del país.
El espinoso asunto de la coca
BOLIVIA, UNA DE LAS NACIONES con importantes recursos naturales pero con el menor desarrollo de la región, alberga a una gran mayoría de indígenas (casi el 70% de los 8,5 millones de habitantes) entre quechuas, aymaras, guaraníes y una quincena de etnias amazónicas con poblaciones que registran altas tasas de mortalidad, desnutrición y muy bajos niveles de acceso a servicios básicos, que reflejan una crónica falta de atención de parte de los Gobiernos centrales.
Sus líderes, Felipe Quispe en el altiplano y Evo Morales en los valles, han marcado su posición con fuertes caracteres de racismo y de encono contra las minorías dominantes y sus aliados.
Quispe, de habla arrogante y provocadora, mantiene latente la convocatoria a los campesinos a cerrar las carreteras, que pende como una amenaza permanente contra la actividad económica, especialmente la comercial, que en el país se efectúa por un eje vial que cruza de este a oeste el territorio, por el que transita toda la carga de importación y exportación hacia los puertos de Chile y Perú.
Morales, que quedó en segundo lugar en las últimas elecciones presidenciales, ha moderado su posición después de las giras internacionales que ha realizado en una abierta campaña para lograr al menos las simpatías de otros Gobiernos si es que, como piensa, llega a ganar los comicios de 2007 y es elegido presidente de Bolivia.
Sin embargo, acaba de originar molestias a la Embajada de Estados Unidos a raíz de la decisión de las seis federaciones productoras de hoja de coca, de las que Morales es su presidente e indiscutible líder, de ignorar las limitaciones al cultivo de esta hoja utilizada como materia prima de la cocaína.
Los cocaleros decidieron volver a plantar coca por su cuenta y riesgo tras considerar que el Gobierno de Mesa no ha dado una respuesta clara a la propuesta de otorgar una pausa en la erradicación de estos cultivos.
Los Gobiernos de Bolivia y Estados Unidos trabajan conjuntamente en la destrucción manual de los arbustos de coca y, aunque se mencionó que estaban en el nivel de coca cero, los últimos informes estadounidenses advierten que en la principal zona de producción excedentaria, Chapare de Cochabamba, existen aún 4.600 hectáreas de cultivos ilegales, mientras que en la zona tradicional y legal, Yungas de La Paz, las 12.000 hectáreas se han duplicado y, por tanto, siendo ilegales, deben ser destruidas.
La mayor parte de la cooperación internacional que recibe Bolivia proviene de Estados Unidos, y se ha destinado a estimular el desarrollo alternativo y a la ayuda humanitaria en sectores muy empobrecidos. Pero, como es norma de este país, esta ayuda puede restringirse si se incumplen los acuerdos gubernamentales en el espinoso asunto de la coca-cocaína. Y, aparentemente, en un estado de casi quiebra, el Gobierno de Mesa no puede afrontar tal riesgo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de abril de 2004