La Gerencia de Urbanismo paralizó el pasado 16 de marzo la construcción de viviendas sin permiso de obra en un palacio del siglo XVIII situado en la calle de la Luna, número 32, en el distrito Centro, y propiedad de la empresa Cintia Real, SL. Según Urbanismo, la empresa constructora, Simo Euro Interprais, SL, se excedió en las obras al realizar trabajos de acondicionamiento de viviendas, cuando la licencia, atendiendo al grado de protección del edificio, sólo permitía la consolidación de la finca, necesaria debido a su estado muy deteriorado.
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El inmueble, denominado palacio de la Infanta Carlota, es un proyecto de 1775 del afamado arquitecto Juan de Villanueva, uno de los constructores del Museo del Prado, y goza del máximo nivel de protección por parte del Plan General de Urbanismo de la capital. Esta protección se reserva, según las normas urbanísticas municipales, únicamente para los edificios que "pueden considerarse, en todo o en parte, como elementos relevantes en la historia del arte y la arquitectura española o madrileña". Este nivel de protección impide, además, cualquier actuación de reestructuración o demolición en el interior del edificio.
Varios inquilinos del palacio, vecinos del inmueble desde su nacimiento -sus contratos de alquiler datan desde 1919 hasta 1974- y a los que en algunos casos Cintia Real, SL, ha demandado para conseguir su desahucio, acusan a la empresa que ha comprado el inmueble de haber actuado sin respetar el carácter histórico del edificio.
El interior del palacio muestra graves desperfectos en la entrada y en las escaleras, que, según los vecinos, han sido causados por las obras de reforma. Se han derribado tabiques y levantado otros nuevos, dañado el interior del edificio e invadido viviendas para hacer obras sin consentimiento previo. En un caso, incluso se llegó a tapiar una puerta para evitar que los inquilinos pudieran acceder a parte de su piso.
Todo ello con el fin de construir nuevas viviendas y alquilarlas al margen de las normas, aseguran, por los que la empresa propietaria llega a cobrar un alquiler de 600 euros al mes por pisos de menos de 100 metros cuadrados. Cintia Real, SL, alega que las nuevas viviendas, en el quinto y en el cuarto piso, son "obras provisionales para realojar a los antiguos inquilinos".
Distribución original
Según el arquitecto de la constructora, José Luis Medina, "se han habilitado zonas del edificio", pero insiste que "respetando la distribución original".
La Gerencia de Urbanismo confirma que hubo dos inspecciones de obra los días 10 de marzo y 16 de octubre de 2003 que identificaron la infracción que suponía la construcción de nuevas viviendas. En ambas ocasiones exigieron la paralización de estos trabajos, pero permitieron la continuación de las obras de consolidación por razones de seguridad.
Una tercera inspección, el pasado 16 de marzo, dio por finalizadas las obras de consolidación y decretó la clausura del resto de trabajos, que continuaron a pesar de las inspecciones anteriores. Pero ésta no es la primera vez que se paraliza la obra por este motivo. Ya hubo un antecedente el 20 de noviembre de 2002, cuando, a raíz de las denuncias de un inquilino, se descubrió que las obras excedían las permitidas por la licencia.
Cintia Real, por su parte, asegura que no ha incumplido ninguna norma y que los cierres forman parte de una maniobra del Ayuntamiento para quedarse con la finca.
Acusan al Consistorio de dictar órdenes de obra confusas y contradictorias con el objetivo de que "incurramos en la ilegalidad, y así poder embargar el edificio".
Interés municipal
Para la empresa, el hecho de que el Plan General de Urbanismo prevea un uso público de la finca constituye el principal argumento para explicar el interés del Consistorio madrileño en su adquisición. Cintia Real y Simo Euro Interprais pertenecen a Taefi Alí, un empresario iraní con intereses inmobiliarios en Madrid, Marbella y en varias ciudades europeas; en concreto, la compra y rehabilitación de edificios antiguos. El 16 de marzo de 2001 creó Cintia Real con la intención de adquirir el inmueble una semana después, 23 de marzo, en una subasta privada organizada por el anterior propietario, la Fundación Virgen del Carmen, San José y San Luis.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de abril de 2004