El colectivo Hetaira en Defensa de los Derechos de las Prostitutas ha presentado en el juzgado de guardia de Madrid una denuncia contra el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y tres de sus concejales -Ana Botella, de Empleo y Servicios Sociales; Pedro Calvo, de Seguridad, y Miguel Ángel Villanueva, de Economía y Participación Ciudadana- por el "plan contra la esclavitud sexual", iniciado el pasado 29 de marzo en la calle de la Montera (Centro). Les acusa de coacciones, prevaricación y de vulnerar derechos fundamentales de las personas.
Hetaira denuncia que, con este plan, "la Policía Municipal está impidiendo trabajar a un grupo de mujeres que libremente y de modo pacífico ofrecen sus servicios sexuales a cambio de un precio". Critican que los agentes "vigilen" a las mujeres que se prostituyen en Montera y "les obliguen a identificarse bajo amenazas de detenerlas si se niegan". Y califican de "intimidación indirecta" que, según dicen, una vez identificadas a las extranjeras sin papeles se les prometa que no se les expulsará del país si dejan de hacer la calle.
El plan contra la esclavitud tiene tres patas: policial, social y administrativa. Los agentes identifican a clientes, meretrices y posibles proxenetas; los inspectores de Consumo vigilan que pensiones y hostales cumplan la normativa, y las mediadoras sociales de la Asociación para la Reinserción de la Mujer Prostituida (Apramp) ofrecen programas de inserción laboral a las metrices españolas y extranjeras residentes, y a las sin papeles, apoyo psicológico y, si quieren, un billete de vuelta a su país.
Hetaira califica de "sorprendente" que Apramp "coadyuve indirectamente en el despliegue de acoso y persecución con un pretendido dispositivo asistencial que en modo alguno ha sido solicitado por las mujeres".
"Acosar y hostigar"
Esta asociación considera que la finalidad del plan es "acosar" a las prostitutas de Montera, "hostigarlas y localizar en qué pisos prestan sus servicios". "Se trata de obligar a retirarse de la zona tanto a las mujeres como a sus clientes, impidiendo así el elemental derecho a estar en una vía pública", añade la denuncia.
Heatira destaca que en el ordenamiento jurídico español "no existe ninguna norma penal o administrativa que incrimine o sancione el libre ejercicio de la prestación de trabajos sexuales a cambio de precio". Añade, asimismo, que "tampoco hay ninguna norma que impida a las mujeres estar en la calle y concertar en ella los servicios con sus clientes".
Sin embargo, otras seis asociaciones de apoyo a las meretrices -Apramp, Cáritas, Comisión para la Investigación de los Malos Tratos, Instituto para la Promoción de los Servicios Sociales Especializados-IPSSEM, Villa Teresita y Médicos del Mundo- han salido en defensa de la inicitiva municipal, con la que colaboran. Consideran que la prostitución "no es una opción libre en la mayoría de los casos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de abril de 2004