La privatización de un servicio público puede seguir varias sendas. Por ejemplo, la venta directa y total de los derechos de explotación, aunque el Estado siga financiando o repartiendo la construcción de la infraestructura.
Otro camino, que es el seguido básicamente en el metro de Madrid, es la venta por porciones: decenas y decenas de empresas de distintos tamaños reciben una porción (o varias), hasta que la empresa original termina pareciéndose a un inmenso queso gruyère.
Día a día, viajeros y trabajadores venimos sufriendo los efectos de la aceleración de esa privatización del metro madrileño. Aumento de la mecanización del servicio, reducción del número de trabajadores que les atienden a ustedes directamente y, a la vez, incremento (con fines de control y suplantación de trabajadores de estaciones) del número de vigilantes de seguridad privada.
Las tarifas seguirían subiendo, ya que todas esas empresas también cobran en especie. El mantenimiento de las instalaciones y los trenes perdería calidad y las averías se multiplicarían con motivo de la reducción de la plantilla de trabajadores encargados en esos trabajos.
Las ampliaciones de la red (como se está comprobando con el trazado de Metrosur y otras líneas) seguirán provocándonos a todos el mismo interrogante: ¿Se hacen por intereses inmobiliarios o para atender las necesidades reales de los viajeros?
Pero este futuro posible, que es una intensificación del presente, puede impedirse exigiendo calidad de servicio y creación de empleo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de abril de 2004