Mientras en Estados Unidos el Congreso investiga por qué los servicios de inteligencia fueron incapaces de prever los ataques del 11-S, en España el debate político se ha limitado a la información que se facilitó sobre la autoría del 11-M en las 72 horas que mediaron entre la matanza y las elecciones.
Los expertos consideran, sin embargo, que una vez resuelto el problema más urgente, la neutralización de la amenaza de nuevos atentados, habrá que hacer una profunda revisión autocrítica de los instrumentos de la lucha antiterrorista, de la que deben salir cambios en los medios y procedimientos. Además de reforzar los recursos destinados a combatir esta forma de violencia masiva e indiscriminada, habrá que mejorar los instrumentos de coordinación. No sólo a nivel internacional, sino también en España.
Mientras los responsables de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el CNI, presididos por el secretario de Estado de Seguridad, se reúnen periódicamente para intercambiar información sobre ETA, no existía un mecanismo similar respecto al terrorismo islamista, al menos hasta el pasado 15 de marzo, cuatro días después de los atentados.
La modificación de algunas leyes, como la Ley Orgánica de Protección del Tratamiento Automatizado de Datos Personales (LORTAD), para facilitar el acceso y la conservación de datos de individuos sobre los que sólo pesan meras sospechas, es una vieja reivindicación de los responsables de la lucha antiterrorista. Pero cualquier reforma se hará en el vacío, advierten los expertos, si no se tiene antes un diagnóstico de qué ha fallado y por qué en el 11-M.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de abril de 2004